MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
En tribunal ha declarado "inadmisible" el recurso del profesor al considerar que la suspensión en 2011 de sus funciones tras acceder sin autorización a las cuentas de correo electrónico de otros docentes "no fue la medida más dura" de las que podía haber tomado la universidad, ya que la suspensión durante cuatro años sanciona "una falta muy grave" como haber espiado "sistemáticamente" cuentas de correo "sin consentimiento" y "utilizando equipos de la universidad".
En 2005, la Universidad Politécnica de Valencia inició un procedimiento disciplinario contra el profesor que se interrumpió en 2006 cuando el caso llegó a los tribunales por un delito contra la propiedad intelectual.
Sin embargo, Jorge Manuel Lázaro Laport fue absuelto por la Audiencia Provincial de Alicante en el año 2010, al considerar que el acusado había entrado en correos proporcionados por la universidad que sus propietarios no usaban con fines privados, por lo que no se había vulnerado la privacidad personal, aunque la sentencia declaraba probado que el profesor accedió a las cuentas de sus compañeros de forma indebida, ilegal y sistemática de 2003 a junio de 2005.
Recurrida la sentencia, el Tribunal Supremo confirmó el fallo de la Audiencia Provincial de Alicante. Entonces se reanudó el procedimiento disciplinario que la universidad había emprendido años atrás, y a finales de 2011 el rector de la Politécnica de Valencia decidió suspender de sus funciones a Lázaro Laport durante cuatro años.
El profesor decidió interponer un recurso judicial contra la decisión de la universidad, y un tribunal falló a favor del solicitante al considerar que el tiempo para concluir la acción disciplinaria había expirado, ya que el proceso no debería haber sido suspendido una vez que se inició el proceso penal.
La Universidad Politécnica de Valencia interpuso un recurso de apelación contra esta última sentencia, que fue anulada en 2015 por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque el plazo para la conclusión del recurso no había expirado, y confirmó la sanción disciplinaria impuesta al demandante por falta grave.
El profesor Jorge Manuel Lázaro Laport no se resignó y presentó un "incidente de nulidad" que fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia el 23 de octubre de 2015. Finalmente, el demandante interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que declaró el recurso como "admisible", por lo que el docente acabó recurriendo a la última instancia europea.
