BRUSELAS, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Bruselas dio en enero un ultimátum a doce Estados miembros y este jueves ha anunciado que llevará a España ante la Justicia europea porque ha traspuesto esta normativa comunitaria sólo de forma "parcial". También ha denunciado a Eslovenia, que no ha comunicado ninguna medida al respecto.
Esta directiva fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para establecer unos mercados financieros más transparentes, competitivos e integrados, con el objetivo de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y consumidores y garantizar la estabilidad financiera.
Bruselas ha subrayado que la directiva es "crucial" para el buen funcionamiento de los mercados de valores y "esencial" para el funcionamiento del mercado único. "Si los Estados miembros no trasponen las normas, los inversores no pueden beneficiarse de la mayor protección que proporciona Mifid II", ha explicado la Comisión Europea.
En concreto, la directiva incluye la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.
Bruselas ha advertido también de que una aplicación parcial de las normas hace que los mercados sean "menos seguros" porque los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión "no tienen que operar con arreglo a los requisitos operativos más estrictos y transparentes".
Además, ha remarcado que las autoridades competentes de los países que no han trasladado la directiva no pueden expedir autorizaciones legalmente correctas para actividades que no estaban previamente reguladas o que lo estaban de forma diferente.
NORMAS DE REQUISITOS DE CAPITAL.
Del mismo modo, la Comisión Europea ha llevado a España ante el TUE por no haber incorporado plenamente la directiva sobre requisitos de capital al marco jurídico nacional. "Hasta la fecha, España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional", ha explicado Bruselas.
En particular, se refiere principalmente con determinadas competencias y facultades de las autoridades nacionales competentes en relación con las empresas de inversión y la imposición de sanciones administrativas a entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Entre las disposiciones que faltan por trasladar a la legislación nacional figuran los mecanismos de denuncian en caso de incumplimiento de los requisitos de capital, normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección y la obligación de las autoridades españolas de ponerse en contacto con el supervisor para obtener la información.
Bruselas abrió un expediente a España por este motivo en enero de 2015 y lanzó un ultimátum a las autoridades españolas en enero de este año. Finalmente, ha optado por acudir a la Justicia europea porque "España no ha comunicado las medidas que faltaban relacionadas con la directiva en cuestión".
