MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Libre de Seguridad había interpuesto esta demanda por vulneración de derechos fundamentales al entender que el nuevo contrato de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales de la región carecía de un plan de igualdad porque no había sido firmado por todos los representantes sindicales.
Aseguraban que este plan es una exigencia de la Ley de Igualdad a empresas de más de 250 trabajadores y que la empresa habría presentado una revisión de su plan basándose en uno del año 2009, del que aseguraban que no tenían constancia y que solo estaba firmado por el presidente del comité de empresa.
Por ello, inicialmente el sindicato presentó un recurso contra la adjudicación del contrato ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que fue inadmitido por este órgano a finales de abril, pues se constataba que sí había plan de igualdad.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado da cuenta de que el 3 de mayo compareció el representante del Sindicato Libre de Seguridad y manifestó su intención de desistir del proceso. Por ello, se procedió al archivo de las actuaciones y se deja sin efecto la demanda de este sindicato.
Fuentes jurídicas indican a Europa Press que esto agota la vía penal por la que quería continuar esta organización sindical y que la adjudicación de dicho contrato de seguridad se queda "al margen" de procesos judiciales".
Estas fuentes sostienen que el juez sugirió a la parte actora que desistiese de su denuncia, pues en caso contrario podría incurrir en una actitud jurídica "temeraria" que podría incluso motivar una "petición de responsabilidades".
CONTRATO ADJUDICADO EN MARZO
La Comunidad de Madrid ha adjudicado el contrato del servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales de la región a la empresa Alerta y Control por un importe total de 21,58 millones de euros durante los próximos dos años.
Así se dispuso en la orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, a la que tuvo acceso Europa Press, firmada por la entonces viceconsejera Isabel Díaz Ayuso y fechada a 13 de marzo.
A su vez, fuentes de Alerta y Control precisaron ya a principios de marzo a Europa Press que las acusaciones contra el contrato "no tenían ningún fundamento jurídico ni están basadas en hechos reales", y que en las denuncias del sindicato había "bastantes inexactitudes e incluso alguna falsedad".
También defendieron el plan de igualdad que presentaron "con todos los requisitos", aunque "fuera mal valorado por parte de la Comunidad de Madrid". "El resto del pliego compensó para que nos lleváramos el contrato", señalan.
COMUNIDAD: "SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS"
Por su parte, desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid también señalaron a comienzos de marzo que Alerta y Control "cumplió todos los requisitos para optar al contrato, como se ha comprobado en las mesas de contratación". "Ha ganado la oferta más ventajosa", añadieron estas fuentes.
Además, frente a la opinión del sindicato, aseguraban que el plan de igualdad "no es un requisito necesario" en este tipo de contratos, sino "un criterio de valoración más".
