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La serenidad del Rey; por Álvaro Redondo Hermida, Fiscal del Tribunal Supremo

04/06/2018
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El día 2 de junio de 2018 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Álvaro Redondo Hermida en el cual el autor opina que la promulgación de un Estatuto de la Corona se aprecia como conveniente para evitar que cualquier evento sucesorio se convierta en episodio parlamentario.

LA SERENIDAD DEL REY

El pasado mes de enero pudimos comprobar la cordialidad con que Su Majestad el Rey quiso compartir su cumpleaños con los ciudadanos, invitándonos a contemplar imágenes de su residencia. Don Felipe transmite serenidad sin caer en rigidez alguna, plenamente identificado con las altas funciones que la Constitución ha tenido a bien concederle.

La Real Familia es importante para España, porque nuestro ordenamiento le confía una misión simbólica de relieve, aunque no permite que asuma funciones constitucionales (artículo 58 CE). Invariablemente, cada paso de Su Majestad y sus distinguidos familiares es seguido por los medios de comunicación, que se hacen eco del generoso interés de los ciudadanos por el bienestar de sus máximos representantes.

El Rey ha entrado en sintonía con las modernas Coronas europeas, cuyo papel protocolario no decae, aun sin ejercer funciones de gobierno, gracias a una larga tradición de presencia constante. La Corona nos ha permitido consolidar nuestra vocación europeísta, al darse la feliz circunstancia de que el Rey es familiar de quienes, por voluntad de los pueblos, ocupan el trono de sus respectivos países. La relación de Don Felipe con los Jefes de Estado de las monarquías es más directa que la que habríamos alcanzado bajo la forma republicana. Sin embargo, no es menos cierto que los dignatarios electivos tienen gran aprecio por la Corona de España. Es suficiente para comprobarlo pulsar la opinión de los presidentes iberoamericanos, quienes suelen expresar su respeto por el Rey.

En una actitud generalmente compartida por las modernas monarquías, Don Felipe ha preferido en este tiempo omitir la concesión de títulos de nobleza. La institución nobiliaria es inseparable de nuestra Corona, que fue encomendada a un noble por voluntad popular (artículo 56 CE), al que se legitimó para conceder distinciones (artículo 62). Sin embargo, la actitud del Rey lo aproxima a posiciones análogas mantenidas por otros monarcas europeos, en una opción que potencia las distinciones civiles. En todo caso, Su Majestad mantiene una cordial relación con las corporaciones nobiliarias, confirmando la vigencia de sus tradiciones.

En momentos políticos tan difíciles como los presentes, Don Felipe ha sabido recordar a los españoles, especialmente a las autoridades políticas, la importancia de consolidar la unidad nacional como fundamento de nuestra paz y garantía de nuestros valores, especialmente del principio de igualdad. Nadie puede dudar que la altura institucional propia de la monarquía parlamentaria legitima y fortalece la misión arbitral del Jefe de Estado.

En estos años ha contado Don Felipe con la constante cercanía de Su Majestad la Reina, quien asume la difícil tarea de acompañar al Jefe del Estado en los variados ámbitos que así lo requieren. Sin duda, es deseable que la Constitución sea reformada en cuanto se refiere a la línea sucesoria, porque es evidente que la Princesa de Asturias goza del respeto de los españoles, para quienes sería intolerable su postergación en caso de nacimiento de un hijo varón del Rey.

La misión constitucional de consultar con los líderes parlamentarios, a la hora de proponer candidato a Presidente del Gobierno, ha sido siempre desempeñada con prudencia por la Corona. No obstante, la dificultad de conformar mayorías debido a la creciente fragmentación política aconseja reformar la Constitución, de modo que el Rey consulte con quien, a propuesta del Presidente del Congreso, ya ha obtenido el apoyo de los grupos. De este modo se evitaría la presencia reiterada de los líderes políticos en Palacio, en situaciones a veces algo perplejas.

Una característica notable del Rey es su cercanía del estamento militar. La importancia institucional de las Fuerzas Armadas, cuyo papel resalta la propia Constitución (artículo 8) justifica plenamente esta relación. Dicha situación conecta la representación de la unidad nacional con la defensa de la integridad territorial de España, confiadas respectivamente por la Constitución a la Corona y las Fuerzas Armadas. Aunque la condición militar del Rey no es universal entre las monarquías parlamentarias, sin duda merece conservarse, al responder a una larga tradición reconocida con acierto por nuestros constituyentes. La excelente relación de la Corona con los Ejércitos sería difícilmente alcanzable mediante una Jefatura del Estado republicana.

La promulgación de un Estatuto de la Corona se aprecia como conveniente para evitar que cualquier evento sucesorio se convierta en episodio parlamentario. La gran intuición política del Rey Don Juan Carlos supo solventar con prestancia una situación de este tipo, asegurando un traspaso de funciones que transitó con todo éxito para la mejor estabilidad institucional de la nación.

Tenemos un Rey para el complejo momento presente, para un esperanzador futuro de paz y dignidad, un Rey que cuenta con el apoyo mayoritario de los españoles, que, en su legítimo derecho de decidir soberanamente su forma política, han optado por una monarquía parlamentaria que nos une a los países más prósperos.

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