MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
La sentencia de la sección décima de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso, viene dada de una demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios de la Calle Extremadura, 4, de Getafe.
En dicha sentencia, los magistrados han determinado "la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración" y han reconocido el derecho de la parte recurrente "a ser indemnizada por la Comunidad de Madrid en la suma de 33.353,66 euros, más los intereses legales".
La reclamación de esta comunidad viene debida a que solicitaron la calificación de protegible de la instalación de ascensor y la correspondiente ayuda económica con fecha 30 de marzo de 2009.
Ya en junio de 2009, la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras "reconoció la calificación de actuación protegida y la efectividad de dicha calificación quedaba supeditada a las disponibilidades presupuestarias dentro de los límites máximos de recursos anuales y a la existencia de cupo suficiente". En dicha cédula se reconocía "una subvención por importe del 70 por ciento del presupuesto ascendiendo la misma a la cantidad de 47.218,98 euros".
De hecho, según expone esta Comunidad de Propietarios, en la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, el Gobierno ya indicó que las ayudas para la instalación de ascensores no superarían el 25 por ciento del coste real, por importe de 15.000 euros.
El fundamento de la reclamación radica, según se expone en la demanda, en que "como consecuencia de la modificación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y de la falta de resolución de la administración en plazo se privó a esta parte de la cantidad que debería haber percibido de haberse abonado la cantidad en tiempo y forma".
Por ello, se solicita al Gobierno regional que abone esta cuantía a la parte demandante "en concepto de pérdida resarcible ocasionada como consecuencia de la actuación de esa Administración a propósito del incumplimiento de la orden reguladora para la concesión de ayudas económicas, debidamente actualizada mediante la aplicación del IPC y la aplicación de los intereses correspondientes".
