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El ministro visita la capital y Tarancón

Cuenca se convierte en la primera provincia con Oficina Judicial en todos sus partidos

31/05/2018
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha inaugurado la Oficina Judicial de Tarancón, así como la ampliación de la Oficina Judicial de Cuenca con la integración de la Audiencia Provincial en su estructura organizativa. La Oficina Judicial funcionará también en Motilla del Palancar y San Clemente. Catalá ha subrayado que si Cuenca fue hace unos años el referente de la transformación digital de la Justicia, hoy lo vuelve a ser al convertirse en la primera provincia con Oficina Judicial en todos sus partidos.

Durante la visita a los juzgados de Tarancón y a la Audiencia Provincial de Cuenca, el ministro ha señalado que el objetivo de la Oficina Judicial es dar un mejor soporte a la actividad jurisdiccional, estableciendo fórmulas de trabajo más eficientes que favorezcan la gestión procesal para agilizar la respuesta al ciudadano. Su entrada en funcionamiento en los partidos judiciales conquenses ha requerido de una intensa actuación preparatoria por parte del Ministerio que ha incluido la formación específica del personal de Justicia de Cuenca.

Catalá ha indicado que con este hito, el Ministerio de Justicia va a dar el impulso definitivo a la Oficina Judicial en esta legislatura mediante la puesta en marcha de un plan de despliegue del nuevo modelo organizativo en el territorio de su competencia. La Oficina Judicial funciona ya en Burgos, Ciudad Real, Cáceres, Mérida, León, Cuenca, Ceuta, Melilla, Murcia y Ponferrada y llegará a Palencia en verano.

El ministro ha destacado asimismo que en los próximos meses se va a completar la implantación del sistema de Justicia digital en el marco del proyecto de transformación tecnológica de la Justicia en el que se han invertido ya tres años de intenso trabajo y que recibirá de los presupuestos de 2018 una partida de 131,3 millones de euros. Catalá ha señalado que al Gobierno le interesa una Justicia que mejore sus medios tecnológicos porque es inherente a la prestación de unos servicios públicos de calidad.

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