MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El alto tribunal madrileño ha dado la razón a la formación presidida por Mariano Rajoy al validar el fallo del Juzgado de lo Social en el que se señalaba que el extesorero 'popular' solicitó su reingreso el 26 de marzo de 2015, es decir, "casi cinco años después de haber cesado en el cargo público" y habiendo transcurrido "en exceso" el plazo de un mes previsto en el Estatuto de los Trabajadores desde que cesó como senador y acabó su situación de excedencia forzosa.
A Bárcenas, que este miércoles ha declarado por segunda vez en Plaza de Castilla por el borrado de sus ordenadores, sólo le quedaría ya la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para continuar el litigio contra el PP por la vía laboral.
La defensa del extesorero ha explicado a Europa Press que no descarta esta posibilidad, para la que cuenta con el plazo de diez días hábiles desde que se notificó el fallo del TSJM. Para que prospere el recurso de casación en el Supremo, no obstante, necesitaría una sentencia en un caso similar al suyo con un fallo diferente.
Es la segunda vez que los tribunales fallan en contra de los intereses de Luis Bárcenas por su despido del PP. En julio de 2014, el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid desestimó la demanda por despido improcedente y por la que le reclamaba al PP 900.000 euros. Su versión era que el despido se realizó en enero de 2013, y no en abril 2010 como afirmó la formación que preside Mariano Rajoy.
El PP, a través de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, defendió que desde abril de 2010 hasta diciembre de 2012 el extesorero recibió una indemnización en diferido a razón de 21.000 euros mensuales, hasta cobrar 700.000 euros.
INVESTIGACIÓN POR MENTIR ANTE NOTARIO
En una derivada de su despido, Bárcenas mantiene por la vía penal una demanda contra el PP en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ante un posible delito de falsedad documental y estafa procesal.
El juez titular, Arturo Zamarriego, suspendió este martes la declaración como investigados de la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro, y el asesor jurídico del partido, Alberto Durán --también personados en el caso del borrado de los ordenadores-- después de que presentaran un recurso en el que alegaban que no tuvieron participación en ningún hecho delictivo.
El juez Zamarriego investiga a la jefa de personal del PP, Milagros Puentes, por negar en un acta notarial haber estampado su firma en el acuse de recibo de una carta fechada en febrero de 2010 y en la que Bárcenas solicitaba el reingreso en el partido.
Una pericial caligráfica ordenada por este juez desmintió la versión de Milagros Puentes al constatar que la letra que figura en el documento es suya.
