, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
No obstante, el Gobierno regional podrá solicitar dictamen del Consejo de Estado en todos aquellos asuntos a los que se reconozca especial trascendencia o repercusión, ha informado el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta comisión, que estará enmarcada en el seno de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, pero contará con plena autonomía jerárquica, orgánica y funcional, de tal modo que ejercerá sus competencias "con plena independencia y total objetividad".
Tras la aprobación de la Ley 7/2015 de supresión del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, las funciones consultivas fueron atribuidas a este órgano de nueva creación. Por su parte, las reclamaciones contra los actos en materia de acceso a la información pública de la Administración autonómica y de las entidades locales del territorio de la Comunidad de Madrid, serán resueltas por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. También será este Tribunal el que tenga las competencias sancionadoras en materia de buen gobierno.
La Comisión estará formada por ocho vocales, que serán nombrados tras un concurso público que se regirá por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y paridad de género. Este concurso estará abierto a funcionarios públicos del Cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid, adscritos a la Abogacía General, y con más de diez años de antigüedad en la función pública. El mandato será de seis años, pudiendo volver a ser nombrados en períodos alternos.
El presidente y el secretario serán elegidos entre los miembros de la comisión, quienes propondrán al Consejo de Gobierno el nombramiento del primero, también podrá elegirse un vicepresidente.
Los miembros de la Comisión Jurídica Asesora ejercerán sus funciones con plena independencia y dedicación exclusiva y sólo podrán ser cesados por las causas legalmente establecidas en el proyecto de decreto: fallecimiento o incapacidad, renuncia, expiración de su mandato, incompatibilidad sobrevenida, incumplimiento grave de sus funciones, condena por delito por sentencia judicial firme y pérdida de la condición de funcionario de carrera.
El pasado 1 de septiembre, el Gobierno regional dio luz verde al proyecto de supresión del Consejo Consultivo, que fue aprobado el pasado mes de diciembre por la Asamblea de Madrid.
La supresión de este órgano ahorrará a los madrileños un total de 2,3 millones de euros anuales, sin que ello suponga merma en ningún momento para la imparcialidad e independencia de la Administración pública.
