MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
La defensa de Díaz Ferrán, quien cumplirá 73 años el próximo diciembre, ha solicitado esta medida alternativa a la prisión, después de que la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado julio recogiera la posibilidad de que los presos mayores de 70 años consigan la suspensión de su condena cuando el juez valore que ha disminuido su peligrosidad.
Díaz Ferrán ingresó en prisión provisional por orden del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la 'operación Crucero' en diciembre de 2012, una causa por la que este septiembre ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel por delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales.
El antiguo jefe de la patronal aceptó esta pena, junto al pago de las responsabilidades civiles. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal le impuso una multa de 1,2 millones de euros y le ordenó indemnizar, solidariamente con el 'liquidador' de empresas Ángel de Cabo, con 450.000 euros a Meliá Hotels International, Viajes Iberojet, AC Hoteles y Pullmantur por los prejuicios causados.
EXPROPIACIÓN DE AEROLÍNEAS
Además, el que fuera jefe de los empresarios españoles está pendiente de que el centro internacional de arbitraje CIADI, ubicado en Washington, resuelva el litigio que tiene con Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
En el caso de que el país andino sea condenado, el tribunal español ordenó que el dinero fuera a parar a la masa concursal de las compañías y personas afectadas, una vez deducidas las cantidades que Burford Capital tiene reconocidas contractualmente.
Díaz Ferrán fue también condenado a una pena de dos años y dos meses de prisión en una sentencia dictada en diciembre de 2013 por el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia por defraudar 99,04 millones de euros del Impuesto de Sociedades de 2001 derivado de la operación de compra de la aerolínea de bandera argentina por parte de Air Comet y Viajes Marsans.
Además, está imputado por la venta de participaciones preferentes y las 'tarjetas black' de Caja Madrid, la presunta apropiación de 453 millones de dólares de Aerolíneas Argentinas y procesado por quedarse con 4,4 millones de euros pagados a Viajes Marsans por clientes que contrataron viajes que nunca llegaron a disfrutar.
