MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante solicitan a la Sala de lo Penal que modique las medidas cautelares y que el tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la red 'Gürtel' (1999-2005) tenga conocimiento de la petición efectuada por el país centroeuropeo el pasado 8 de julio.
La defensa del que fuera senador del PP por Cantabria denuncia el "manifiesto error" de la providencia dictada el pasado 29 de julio y la "confusión" que genera cuando afirma que dicha información bancaria no ha sido utilizada en ningún informe del procedimiento.
"La realidad, es que sí ha sido utilizada en varios informes determinantes en los que se basa el auto de apertura de juicio oral y los hechos narrados por las acusaciones para atribuir a Bárcenas la comisión de delitos fiscales", denuncian los letrados.
Ponen como ejemplo varios informes de la Agencia Tributaria referidos a las cuotas presuntamente defraudadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio desde 2000 a 2011 por parte de Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias.
En este sentido, recuerdan que "lo cierto y meridiano" es que la Fiscalía suiza pidió el 8 de julio suspender la utilización de estos datos bancarios de dicha cuenta hasta que se pronuncien las autoridades judiciales del país helvético en una resolución definitiva y añade que la Justicia española lo ha tenido en cuenta para bloquear el patrimonio y las cuentas de Bárcenas, dos de ellas en Suiza.
"Con el debido respeto, entendemos que el juzgado instructor tiene la obligación de ser veraz con Suiza e informar del uso y aplicación que se le está dando a dicha información", añaden los abogados, para remarcar que se está haciendo en "claro perjuicio" al derecho de defensa de su cliente.
El juez Ruz dictó el pasado 5 de marzo la apertura de juicio oral contra 40 acusados, entre los que se encuentran, además de Bárcenas, los extesoreros 'populares' Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, así como el PP como persona jurídica y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo de los delitos presuntamente cometidos por los miembros de la trama.
