CASTELLÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la denuncia va en relación con un delito contra la Hacienda Pública, en la modalidad de delito de fraude de subvenciones del artículo 308 del Código Penal, y otro delito continuado de falsedad documental del artículo 392 en relación con el artículo 390 del Código Penal, este último por las facturas presentadas a modo de justificación del destino de los fondos obtenidos.
La Fiscalía señala como posibles autores de los hechos y pide su declaración como imputados a los responsables y legales representantes de las mercantiles Consultoría y Estudios AGP, Centro de Oficios RF, CEC y Cierval.
Según el TSJCV, el juez ha acordado solicitar la documentación necesaria y, cuando se reciba "se procederá, en su caso, a las declaraciones, que no están acordadas". Hasta la fecha, ninguna de las mercantiles ni de sus directivos y/o legales representantes tiene condición alguna en la causa.
ACCIONES DE FP QUE SE REALIZARON
Desde la CEC apuntaron este lunes en un comunicado que las acciones formativas por las que la Fiscalía ha interpuesto una denuncia contra la Confederación "forman parte de un expediente del año 2009 de Formación Profesional continua, las cuales se realizaron entre 2009 y 2010".
En este sentido, desde la filial de Cierval aseguran que esas acciones formativas "fueron realizadas, controladas y supervisadas por el Servef" y "han pasado por mecanismos de control y fiscalización mediante una auditoría externa".
Asimismo, han destacado que la información "afecta a un asunto de carácter tributario de quienes han realizado las acciones formativas", así como que la CEC "ha resultado perjudicada" en la denuncia de Fiscalía "por haber tenido que realizar el pago de las mencionadas acciones formativas" y, posteriormente, "al tener que abonar ante el Servef la misma cantidad en el expediente administrativo, con independencia de que dicho expediente ha sido recurrido en vía contencioso-administrativa".
