MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Así lo señala el Gobierno en respuesta a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien se hizo eco de las quejas manifestadas por el presidente del organismo fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda, en sede parlamentaria respecto de las limitaciones que tiene desde hace un lustro para ofertar plazas de empleo público.
Una situación que, según señaló, causa problemas a la hora de examinar en profundidad algunos de los asuntos de su competencia, como las cuentas de los partidos políticos, como ha sucedido por ejemplo con el caso la 'caja b' del PP, que no fue detectada en los informes de fiscalización del Tribunal
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluye anualmente las normas básicas de la Oferta de Empleo Público (OEP), excluyendo expresamente de esta regulación a los órganos constitucionales del Estado, entre los que se cuenta el Tribunal de Cuentas, tal y como establece el artículo 136 de la Constitución.
LEGISLACIÓN PROPIA
"Por tanto, (dicho organismo) se rige, en materia de ofertas de empleo público, por su normativa específica", insiste el Gobierno, en referencia a la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de 1988, que permite que "las plazas dotadas presupuestariamente que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en el Tribunal constituyen su oferta de empleo público".
Además, fija el mecanismo de convocatoria de estas OEP anuales, que debe ser propuesta por la Comisión de Gobierno del Tribunal al Pleno para su aprobación "ajustándose a la legislación general de la Función Pública".
"En definitiva, corresponde al Pleno del Tribunal de Cuentas la aprobación de la oferta anual de empleo de personal a su servicio, sin que le sean de aplicación las limitaciones contempladas en los Presupuestos para el sector público y pudiendo, si así lo decide, incluir en la oferta las plazas dotadas presupuestariamente que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes en el mismo", reitera el Ejecutivo.
Finalmente, la respuesta parlamentaria no responde a la pregunta de la dirigente magenta sobre si el Gobierno facilitará al Tribunal de Cuentas lo necesario para "llevar a cabo más exámenes de control interno de los partidos".
