MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
La normativa ha salido adelante con el único apoyo del PP. Entesa Catalana y PSOE se han abstenido, mientras que los nacionalistas de CIU, PNV y ERC han votado en contra de la misma, al considerar fundamentalmente que no responde a las necesidades del sector, aparte de invadir competencias autonómicas. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Otra de las quejas de la oposición durante el debate ha sido que finalmente no se vaya a crear en esta ley un Observatorio estatal del tercer sector, demandado por las entidades, y que éstas se vieran beneficiadas por el máximo beneficio fiscal.
Esta norma define el Tercer Sector de Acción Social como el "conjunto de organizaciones de carácter privado, y sin ánimo de lucro, que surgen de la iniciativa ciudadana o social para buscar objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación".
Para reforzar el concepto se enumeran los principios que deben guiar su trabajo, basados en la "democracia interna, el carácter altruista, la transparencia, la autonomía, la cohesión social, la promoción de la igualdad, de la no discriminación y la consecución de fines socialmente relevantes". Según han defendido desde el PP, se trata de una norma que ha sido trasladada desde el propio sector de acción social.
SUBVENCIONES A ONG
La única enmienda que ha sido aprobada este miércoles es la presentada por el Grupo Popular al texto de ley. Según ha defendido la senadora del PP Coloma Francisca Mendiola, tiene como objetivo "evitar poner en perjuicio la supervivencia de ONG de ámbito estatal" este año.
Desde la oposición han criticado que se utilice esta normativa para conceder subvenciones. Se han abstenido la mayoría porque sí quieren que se ayude a estas entidades, aunque no de esta manera. "Es ilógico que utilicen un proyecto de ley para el reparto de subvenciones", ha apostillado el diputado de ICV Jordi Guillot.
Mientras, la senadora Rivero, de CiU, ha tachado este enmienda de "triquiñuela vergonzante del Gobierno" para "esquivar" sentencias del Tribunal Supremo en la materia. Ésta no se opone a que las entidades reciban subvenciones, si bien considera que trabajar por la subsistencia de todas y no sólo las de ámbito estatal.
En concreto, la propuesta aprobada plantea la adición al proyecto de ley de una disposición transitoria, a la que llama 'Subvenciones de concesión directa a entidades del tercer sector de acción social'. Su abono dice que se efectuará a las entidades por los importes y con cargo las aplicaciones del presupuesto de 2015.
AYUDAS A LA ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIAS
Además de la mencionada a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en ella se proponen varias partidas "para actuaciones de acción social", donde fija 1,45 millones de euros a Cruz Roja Española, otros 850.272 a Cáritas Española, a la Fundación Acción Contra el Hambre con otros 70.000 euros, o a la Plataforma de ONG acción social con 652.858, entre otras.
'Para programas de infancia y familias' quiere que se dediquen 85.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos, 1,1 millones de euros a la Plataforma de Organizaciones de Infancia, 80.185 euros a la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, otros 54.000 a la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, 55.000 euros al Foro de la Familia, y 228.000 a la Federación Española de familias numerosas, entre otras.
'Para programas de personas con discapacidad' plantea una subvención de 240.000 euros a la Confederación Estatal de Personas Sordas, 430.000 euros a FEAPS, 1,1 millones a la Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica o 129.000 euros a Down España, entre otras.
PROPUESTAS DE VETO Y ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN
Además, también se han debatido las 60 enmiendas que han planteado los grupos de la oposición al texto procedente del Congreso, así como cinco propuestas de veto al mismo. Todas ellas han sido rechazadas.
El senador de IU Jesús Enrique Iglesias ha solicitado la devolución de esta normativa porque, entre otros puntos, considera que esta ley "olvida demandas y necesidades fundamentales para las entidades del Tercer Sector de Acción Social".
Desde la Entesa Catalana, los senadores Guillot y Saura consideran que el Tercer Sector necesitaba una ley, pero no la presentada por el Gobierno porque "olvida las demandas del sector" y "deja fuera" a algunas entidades que bien podrían formar parte, como las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción.
Mientras, la senadora de ERC Ester Capella critica que esta ley no contemple ningún incremento del gasto público, al mismo tiempo que considera que "no aporta absolutamente nada nuevo a un ámbito ya regulado por las comunidades autónomas en base a sus competencias, más que la pretensión de recentralizar estas competencias".
El senador del PNV, José María Cazalis, comparte en la argumentación de su propuesta de veto que esta ley "excede de sus competencias e interfiere, de forma inconstitucional, en el ámbito competencial que en materia de asistencia social tienen las comunidades autónomas".
María Teresa Rivero, de CiU, dice que este proyecto de ley "genera confusión en materia competencial" e inseguridad jurídica, regula cuestiones que ya "están suficientemente reguladas en las comunidades autónomas" o que "son superfluas" para el tercer sector.
En su opinión, falta la regulación sobre asuntos como el IVA en la contratación pública, la adaptación de la Ley de Subvenciones, el traspaso efectivo a las comunidades autónomas del 0,7 % del IRPF destinado a finalidades sociales, o el impulso del mecenazgo, entre otros puntos.
OBJETIVOS DE LA LEY
Desde el PP se ha defendido que una de las mejoras de la norma consiste en la clarificación del ratio competencial de la Ley, por lo que se distribuyen con nitidez las competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, frente a las quejas de los nacionalistas de invasión competencial.
Por otra parte, en las medidas de fomento de las entidades del Tercer Sector se incluirán iniciativas relativas a la dinamización de la participación de las mujeres.
Según han destacado los 'populares' este texto legal se adapta a la realidad del sector y a las necesidades de las 30.000 organizaciones sociales que desempeñan su trabajo en España, y "siempre sobre la base de su seguridad jurídica".
La senadora Coloma Francisca Mendiola, del PP, ha defendido también que la ley confirma dos órganos: el Consejo Estatal de ONG de acción social, la Comisión para el diálogo civil. A su vez, ha destacado que las obligaciones de pago de las comunidades autónomas y de laa entidades locales sobre el tercer sector tendrán el mismo tratamiento que otros proveedores.
