MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Ramírez se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de octubre por orden de Velasco que le imputó por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, entre otros delitos, al considerar que tenía un "papel determinante" en la trama.
En concreto, el instructor cree que la "mano derecha" de Marjaliza tuvo "una actuación activa en la confección de facturas" y en la "realización de pagos", así como en "el manejo" de su entramado societario. En concreto, aparecía como administradora o apoderada de diez empresas de la red.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirmó el pasado enero la prisión provisional de Ramírez en un auto en el que desestimaba un recurso de su defensa y destacaba que ocultó correos electrónicos sobre sus cuentas en Suiza y Singapur "detrás de cómodas, debajo de los colchones, dentro de una maleta y en bolsas situadas debajo de las camas".
Además, escondió en su domicilio organigramas de las empresas creadas por los cabecillas de la red; dos sobres de divisas, entre ellos uno que contenía 24.345 euros; y contratos privados que "ponen de manifiesto la verdadera titularidad de las sociedades de la trama".
"POR ORDEN DE SU JEFE"
Los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel confirmaron la situación procesal de Ramírez por el riesgo de "destrucción de pruebas" que existiría si saliera de prisión y rechazaron que la imputada actuara "en todo momento en la creencia de la legalidad de su actuación", como argumentó su defensa.
Según su representación legal, todos los pagos y las llamadas telefónicas que realizó fueron "por orden de su jefe", lo que no implicaría que "ella participase en la comisión de los delitos que se imputan a Marjaliza".
En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno a Granados y Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".
