MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Los fiscales señalan que además se trata de la vigésimo séptima reforma de este texto y que cada una de ellas supone para los miembros de la carrera pagarse un nuevo Código para ser mínimamente eficaces en su aplicación.
En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa press, se solicita "respetuosamente" a Madrigal que desde la Fiscalía General del Estado se realicen " las gestiones necesarias ante el Ministerio de Justicia y ante las autoridades territoriales competentes para que los fiscales recibamos en un corto periodo de tiempo una versión actualizada del Código Penal, a ser posible con comentarios doctrinales y jurisprudenciales".
Si no fuera posible un Código anotado, al menos una versión actualizada de los Códigos del BOE, señala la APIF en su carta, en la que insiste en que son demasiadas las reformas que tiene su principal texto de trabajo diario para que tengab los fiscales que ir comprando los Códigos con cada reforma sin que se les proporcione "como debería ser lo normal" los medios "más elementales" para realizar su trabajo.
"En concreto, solicitamos que los Códigos sean proporcionados con urgencia a la totalidad de la plantilla de la Carrera Fiscal, así como a los fiscales sustitutos y a los fiscales eméritos", añaden.
PORTAL DE TRANSPARENCIA
En una segunda carta a Madrigal, APIF insta la creación de un portal de transparencia para la Fiscalía que de cuenta, de una parte, de los gastos: en viajes de la fiscal general, los fiscales de sala y los miembros del Consejo Fiscal "en cuantas partidas relevantes afecten al funcionamiento diario del Ministerio Fiscal".
Por otra parte, consideran que este instrumento, con el que ya cuenta por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería informar a los ciudadanos de la actividad del Consejo Fiscal, de los decretos de nombramiento de los Fiscales llamados a puestos discrecionales y de todas aquellas decisiones con trascendencia externa."
"Los tiempos presentes exigen de las administraciones públicas una transparencia en su actuación y en sus gastos como antídoto ante prácticas irregulares o arbitrarias", considera APIF, que insiste en que la Fiscalía General del Estado "no puede ser ajena a este fenómeno".
Recuerdan además la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la inofrmación pública y buen gobierno y que en un órgano jerarquizado como la Fiscalía "no debe ser difícil el establecer cauces de información sobre aspectos establecidos por la Ley".
Hay además cuestiones con repercusión presupuestaria que a juicio de esta asociación de fiscales deberían ser de público conocimiento como los viajes de los miembros de la cúpula fiscal "y en concreto los que pivotan alrededor de la Fiscalía de Cooperación Internacional; en los criterios de asignación de cursos, de viajes, de ponencias nacionales e internacionales".
A juicio de esta asociación la Fiscalía General "ha sido hasta la fecha y en nuestra opinión, una institución muy poco preocupada por este tipo de cuestiones, con un abandono secular de las mismas por la jerarquía de la Carrera, ligada asimismo a un abandono de la protección de los derechos profesionales de los fiscales".
Por ello los miembros de APIF consederan que "es tiempo de cambiar" y más aún en una Institución "llamada constitucionalmente" a la defensa de los derechos de los ciudadanos.
