El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica. Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la Comisión Europea.
La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. Se simplifican así los trámites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrarán 2.000 millones de euros al año en cargas burocráticas. Los Estados miembros han reconocido además el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la red, de manera que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales si así lo demanda.
Entre las disposiciones novedosas de este Reglamento, se incluye la protección especial para los menores y la protección frente a técnicas de perfilado (profiling). Se refuerza igualmente la seguridad de los datos incluyendo la necesidad de comunicar al ciudadano afectado un régimen de responsabilidad que le garantice la reparación de los daños sufridos y una especial ponderación de la libertad de expresión que favorezca el trabajo de los medios de comunicación.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que el apoyo de España a esa norma persigue contribuir a la obtención cuanto antes de una reforma general en materia de protección de datos personales que va a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducir los costes para las empresas, evitando trámites innecesarios de notificación. Catalá lo ha calificado como un Reglamento importante que permitirá la tutela de los derechos de los ciudadanos en toda Europa, dotando a las empresas de normas armonizadas en esta materia, lo que favorecerá la competitividad entre ellas.
España ha defendido en esta reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE (JAI) la necesidad de mantener una protección elevada de los derechos de los individuos, especialmente en el ámbito de internet, dotando de cierta flexibilidad a los Estados miembros para obtener la mejor adaptación del Reglamento a determinados sectores, principalmente el público, al que se quiere facilitar el cumplimiento de las obligaciones con especial apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro país ha defendido que la protección de los datos personales se base no solo en sanciones, sino también en la prevención de infracciones en esta materia.
En la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE se ha debatido también la simplificación de la libre circulación de ciudadanos y empresas en la Unión Europea y la creación de la Fiscalía Europea.
