MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Congreso de los Diputados, con el voto a favor del PP, la abstención de los nacionalistas de CiU y PNV y el rechazo de los demás grupos de oposición, ha dado este jueves luz verde a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que impone a los jueces plazos para la instrucción y modifica el término judicial 'imputado' que pasará denominarse 'investigado' en una primera fase y 'encausado' si se mantiene la acusación a medida que avanza la investigación.
La cámara baja ha avalado, con el único voto del PP, dos Proyectos de Ley --uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria-- en los que también se incluyen modificaciones dirigidas a evitar la conocida como 'pena de telediario' por difusión en los medios de imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado posterior.
El proyecto de Ley, que será remitido ahora al Senado, prevé un periodo ordinario de seis meses de instrucción en causas sencillas y de 18 en complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los 36 meses.
TRANSACCIONALES CON CIU
Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa ha cambiado en su trámite parlamentario. El Ministerio Público ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas al plazo después de que los 'populares' hayan introducido una transaccional junto a CiU en la que amplían al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una prórroga del tiempo.
Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo.
Además, durante el trámite parlamentario, el PP ha incorporado una enmienda transaccional que obliga a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales".
El PP incorpora, de esta forma, una propuesta de CiU que iba un paso más allá y exigía a las autoridades públicas "evitar la exposición al público" del arrestado. La enmienda a la reforma del artículo 520 propuesto por los "populares" no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar 'pena de Telediario'.
INTERVENCIÓN DE WHATSAPP
La Lecrim aporta también novedades en las medidas de investigación tecnológica que, según el ministro, compatibilizan los derechos de las "personas investigadas" con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.
La regla general es que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El juez accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
También se introducirán novedades relivas a la incomunicación de los arrestados. El PP ha introducido en el trámite parlamentario la obligación de que los jueces justifiquen en un auto su decisión de autorizar este tipo de detención.
Además, se ha incluído la obligación de que los arrestados incomunicados sean sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado físico y psíquico. El PP ha querido atender de este modo las críticas lanzadas por el grupos parlamentarios vasco, catalán y mixto que consideran que esta reforma legislativa constituye una oportunidad perdida para eliminar la incomunicación.
