MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El magistrado encargado de instruir la causa que investiga los ERE en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, ha reclamado a la Junta de Andalucía, el Parlamento autonómico y la juez Mercedes Alaya que le remitan los documentos que el Consejo de Gobierno proporcionó para la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de los años 2000 a 2003.
La defensa del expresidente pretende rebatir a los peritos de la IGAE, que defienden en su informe que se indujo a error al parlamento al elaborar las leyes de presupuestos, y demostrar que la finalidad de la partida presupuestaria a través de la cual se canalizaron las ayudas --el denominado programa 31L-- "estaba claramente establecida desde un principio, y era totalmente conocida y aprobada por el Parlamento de Andalucía" cuando aprobaba dichas normas.
A través de la memoria del anteproyecto de ley, de las fichas presupuestarias, de la memoria de ejecución y de la cuenta general que se remitía a la cámara de cuentas quedaba nítidamente delimitado el proceso de transferencias de financiación con el objetivo de "mantener la política de ayudas a prejubilaciones en empresas con dificultades y atender las necesidades públicas de mantenimiento del empleo y del tejido productivo andaluz, a través de los acuerdos con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la subvención y ayuda a sectores y empresas con dificultades financieras", aducen las defensas.
Por lo que se refiere a otro de los documentos reclamados, un informe de la letrada jefe de la Cámara de Cuentas sobre fiscalización de las ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por ERE, donde dicha funcionaria estableció un criterio "absolutamente coincidente" con los peritos de parte, cuyo informe rebate las conclusiones de la Intervención General.