PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)
Mediante un auto dictado este viernes, el juez acuerda causar embargo sobre ambas fincas tras no haber hecho frente Matas a la fianza civil de 3,5 millones de euros que Castro le impuso de forma conjunta con el exdirector general de Deportes del Govern José Luis 'Pepote' Ballester, y el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal.
Se trata de las dos propiedades que el exministro presentó ante el magistrado de cara a su embargo a fin de poder responder con sus bienes a la fianza.
Mientras tanto, Castro también ha ordenado embargar una vivienda de la exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Elisa Maldonado, para quien el juez decretó una caución de 2,7 millones de forma conjunta con el exdirector general de la entidad Jorge Vela.
Del mismo modo, ha requerido a una entidad aseguradora a fin de que, en nombre del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, preste fianza para responder a la suma de 4,1 millones de euros que le fue impuesta al procesado.
Los acusados Marco Antonio y Miguel Tejeiro también presentaron en su día su listado de bienes. El plazo para la entrega finalizaba a las 15.00 horas de este viernes, lo que no impide, sin embargo, que más adelante puedan presentar su relación de bienes o abonar las fianzas.
Quienes sí hicieron frente en su día al pago de sus respectivas fianzas son Ballester -que abonó 52.601 euros-, y la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen -quien presentó hace varios meses un aval por valor de 152.000 euros-.
Por su parte, la Infanta Cristina ha pedido este viernes al juez que rebaje la "injustificada" fianza civil que le exige de 2.697.150 euros a 449.525.
Una vez comprobado el valor del patrimonio señalado por los acusados, el juez Castro procederá a su embargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que alguno de los procesados no designase bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
En relación con Matas, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el exmandatario en 2009 tras detectar posibles irregularidades en la compra de su palacete, por el que el exdirigente 'popular' pagó unos 980.000 euros pese a que el inmueble, de más de 700 metros cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones conocidas con el nombre de Operación Buckingham y dirigidas a averiguar los pormenores que rodearon al enriquecimiento presuntamente ilícito y el elevado tren de vida que llevó Matas mientras era presidente y que, según las pesquisas, no se correspondían con los ingresos que obtenía como jefe del Ejecutivo autonómico.
Se trata así de unos hechos que constituyen una de las principales líneas de investigación del caso Palma Arena, centrado en el supuesto desvío de más de cincuenta millones de euros públicos en forma de contratos y adjudicaciones ilícitas durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007), considerado la infraestructura estrella de la última legislatura de Matas.
