SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)
En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada suspende las declaraciones para resolver antes la petición planteada por la Fiscalía, que ha solicitado a la instructora que "declare la prescripción de las conductas de aquellos imputados perceptores de ayudas directamente o en nombre de personas jurídicas cuyo importe sea claramente inferior a 450.000 euros siempre y cuando desde la fecha del último pago de la ayuda" al dictado del auto de imputación del 6 de febrero "hayan pasado más de 10 años".
El Ministerio Público considera que, en esta situación procesal, se encontrarían hasta 12 de los nuevos imputados --uno de ellos ya fallecido--, por lo que Alaya da traslado de la petición del fiscal a las acusaciones particulares y populares "a fin de que en el término de tres días manifiesten a lo que su derecho convenga en relación con la posibilidad, en determinados casos, de la prescripción de las conductas delictivas imputadas" y suspende las declaraciones programadas "hasta tanto se resuelva".
