SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
En un primer momento, la juez Mercedes Alaya no impuso fianza civil alguna a esta imputada alegando para ello que había "contribuido" al esclarecimiento de los hechos, lo que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para Rofa una fianza de 205 millones de euros, tras lo que la Sección Séptima ordenó a la instructora imponer una fianza a la imputada.
Por medio de un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, la secretaria judicial da cuenta de que, con fecha 2 de marzo, la Audiencia Provincial ha dictado un auto en el que rebaja a 480 euros la fianza civil impuesta a la imputada, por lo que acuerda revisar los embargos trabados el 25 de marzo de 2014.
Y es que el Juzgado había embargado ya a la imputada dos fincas urbanas en la provincia de Huelva, los saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria, a resultas de lo que constaba ingresada en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado la suma total de 1.701,59 euros, "cantidad que ya de por sí cubre con creces la fianza ahora fijada" por la Audiencia.
Así, la secretaria considera "excesivo" el embargo trabado y por ello lo deja sin efecto y acuerda devolver a la imputada "el exceso consignado a resultas de dichos embargos, es decir, 1.221,59 euros", manteniendo en la cuenta del Juzgado la suma impuesta en concepto de fianza por importe de 480 euros y declarando solvente a la exasesora de Empleo.
LOS HECHOS
La juez Alaya impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.053.716,44 euros a la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa por "imperativo legal" y después de que la Audiencia Provincial de Sevilla se lo ordenara.
Alaya recordaba en su auto que, según indicó este tribunal, la fianza "deber se modulada en función de su grado de intervención, y en este caso, como en otros, mas concretamente en función de su capacidad de decisión sobre los procedimientos presuntamente ilícitos utilizados en la concesión de subvenciones sociolaborales, y en definitiva en dar continuidad y apariencia de legalidad al sistema heredado".
Al hilo de ello, Alaya dice que, "aunque indiciariamente resulta acreditada" la participación de Rofa en estos hechos, "también indiciariamente resulta que en su actuación se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores", como eran los entonces directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
La juez dice que, "a fin de mantener cierto equilibrio con otros imputados a los que con similares responsabilidades o de otra índole, pero de mayor trascendencia, no se ha exigido ni solicitado fianza, respecto de los cuales también se mantiene la imputación", la fianza debe corresponderse con el uno por ciento de las ayudas concedidas durante el tiempo en el que la imputada ocupó su cargo.
En esta línea, la magistrada recuerda que el Ministerio Fiscal cifró estas ayudas en 154.028.733,07 euros, por lo que le impone una fianza civil correspondiente al uno por ciento del montante total de las ayudas más el tercio legal previsto, lo que hace un total de 2.053.716,44 euros, aunque la juez advierte de que esta cifra se establece "sin perjuicio de ulterior variación".
LA IMPUTACIÓN
La juez imputó a María José Rofa, "mano derecha" de Juan Márquez, porque "a pesar de sus intentos" ante el exdirector general de Trabajo "para que se produjera un cambio en el procedimiento a seguir ante las dudas sobre la legalidad del mismo", terminó trabajando "con las mismas herramientas aunque fuera por indicación de sus superiores, pero teniendo ella conocimiento de la presunta ilegalidad que todo ello suponía".
Así, y según la magistrada, la imputada "participaría de la continuidad en el uso del Convenio Marco, de dar apariencia de legalidad al trabajo desarrollado" por el anterior Director General de Trabajo y Seguridad Social, "supliendo las deficiencias y convenios que faltaban, en el mantenimiento de los dos tipos de ayuda con la misma ausencia de procedimiento y de falta de justificación de su destino y no comprobación de la legitimidad de los beneficiarios de las ayudas sociolaborales y de empresas".
La juez considera que Rofa "tuvo constancia" de la presencia de 'intrusos' en el ERE de Calderinox, y "de hecho" el exdelegado de Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés "se presentó en su despacho a finales de 2009 o primeros de 2010 para saber cuando iba a cobrar las cantidades que le habían prometido", según ella misma manifestó a la Guardia Civil.
Además, "Juan Márquez le apuntó a Rofa que a Juan Rodríguez Cordobés habría que hacerle, sin que se le encuentre justificación legal alguna, una póliza individual o concederle una ayuda sociolaboral excepcional".
