SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora rechaza el recurso interpuesto por la defensa del imputado argumentando que "las alegaciones del recurrente exponen su disconformidad con los razonamientos" del auto donde fijó dicha fianza civil "pero en modo alguno lo desvirtúan".
Alaya asevera que el imputado "parte de la consideración errónea" de que la fianza impuesta para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias "vendría a garantizar únicamente la devolución a la Junta de la cantidad ilegítimamente percibida, lo cual ya está asegurado" con la suma consignada por el propio encausado.
Y es que el tercio legal que exige "como mínimo" la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que Alaya aplicó en el caso del 'intruso', "no sólo viene a garantizar mediante dicho tanto alzado los intereses de la suma que haya de devolverse, que en este caso se paralizarían desde la fecha de la consignación, sino las hipotéticas cuantías de multas, costas e indemnizaciones que en su caso pudieran devengarse de la presunta actuación ilícita" del imputado.
En el auto ahora confirmado, que fue dictado el 8 de septiembre de 2014, la juez Mercedes Alaya impuso una fianza civil de 12.359,20 euros al exsecretario de Política Municipal del PSOE en Baeza y exsecretario de Administración de UGT en Sevilla Antonio Garrido Santoyo por su prejubilación en el ERE de 2007 de Mercasevilla pese a que no formaba parte de su plantilla.
Ya en enero de 2015, la secretaria judicial embargó a Garrido Santoyo una vivienda ubicada en la calle Antonio Moreno de la localidad jiennense de Baeza, embargo que "se estima en principio suficiente teniendo en cuenta la cuantía de la fianza exigida", por lo que declaró solvente al imputado y declaró terminada la pieza de responsabilidad pecuniaria del mismo.
