SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 (EUROPA PRESS)
El fallo, que ha sido publicado hoy martes en el BOE, también declara que el apartado 1 del artículo 3 no es inconstitucional, el cual dispone que la administración autonómica fijará el límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y establecerá la ordenación de los terrenos comprendidos en la misma.
En concreto, el recurso fue promovido en 2009 por el Gobierno de España --tras un acuerdo del Consejo de Ministros-- contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre la ordenación de áreas urbanas en el litoral canario.
El Estado defendía que con estas modificaciones regionales sobre la Ley de Costas de 1988 "se pretende sustituir en territorio isleño el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de competencias para ello, ya que la legislación estatal es básica en materia de protección ambiental de la costa, vulnerándose el esquema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades.
