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El TS estudia hoy los recursos de Fiscalía, Generalitat y Parlament contra las absoluciones por el asedio de 2011

18/02/2015
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El Tribunal Supremo celebrará una vista pública este miércoles para estudiar los recursos que tanto la Fiscalía como la Generalitat de Cataluña y el Parlament presentaron contra la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que en julio del pasado año absolvió a los 'indignados' implicados en el asedio el Parlament el 15 de junio de 2011. Piden que se les condene por delitos contra las altas instituciones del Estado, atentado y asociación ilícita.

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel únicamente condenaron a uno de los acusados, José María Vázquez Moreno, como autor de una falta de daños a la pena de cuatro días de localización permanente por pintar una cruz en la chaqueta de la entonces diputada socialista Montserrat Tura.

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlament derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos el presidente del Govern, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado, con lo que tuvo que acceder en helicóptero a la Cámara junto a otros diputados.

La sentencia recurrida especificaba que todos los acusados "ejercieron el derecho fundamental de manifestación, sin que pueda imputárseles acto alguno que pudiera significar un exceso o abuso".

La resolución de la Audiencia Nacional declaraba además que no existían pruebas que apunten a la comisión de los delitos imputados y agregaba que las conductas que se atribuyen a la mayoría de ellos consistieron en participar en la manifestación convocada en protesta por los recortes, permaneciendo en el lugar que las fuerzas de seguridad habían clausurado mediante el cierre de las puertas de acceso al parque que rodea la sede del Parlament y encontrándose por ello con alguno de los parlamentarios.

Especificaba asimismo que la libertad de expresión y el derecho de manifestación y de reunión "gozan de una posición preferente en el orden constitucional" y por ello, debe ser objeto de una especial protección".

Según la Audiencia Nacional existen pocos cauces de expresión de acceso al espacio público y que por ello amplíos sectores de la sociedad tienen "una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social".

La acusación se formuló en un inicio contra 20 acusados pero uno de ellos, Cristóbal Nicolás Araya Bruna, no compareció en la vista oral. El resto son Javier Tadeo Orellana de Villalonga, Daniele Vinci, Rubén Molina Marín, Marta Pi Morera, Alejandra Calderón Becerra, Francisco José Cobos García, Alessia Borge, Antoni Dolz García, Jordi Raymond Parra, Javier Villanueva Mena, María Durán Gurnsey, Ignacio Antolino Ibáñez, Joan Peiró Tura, Ángela Bergillos Alguacil, Ciro Morales Rodríguez, Álvaro Cano Santana, Olga Álvarez Juan, Carlos Munter Domec y José María Vázquez Moreno.

Además de los ataques contra el vehículo de Mas, el Ministerio Público acusaba a los manifestantes de increpar y acorralar mediante amenazas e insultos al diputado invidente de CiU Josep María Llop, y golpear "repetidas veces con los brazos en alto" al independentista Alfons López Tena. También sufrieron el acoso los diputados Joan Boada, Gerard María Figueras, Ernest Maragall, Ana Isabel Marcos, Salvador Milà y Santi Vila.

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