MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estima el recurso presentado por la defensa de Alejandro de Pedro al entender que la medida es "innecesaria" toda vez que no sirve para aminorar el riesgo de destrucción de pruebas o de influir sobre otros implicados en la causa que fue esgrimido por el juez Eloy Velasco.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó el ingreso en prisión provisional de De Pedro el pasado 30 de octubre al considerar que existía un riesgo "objetivo" de que pudiera destruir pruebas o de "influenciar o presionar" sobre testigos y coimputados. El magistrado decretó después su puesta en libertad con la condición de que prestara una fianza de 50.000 euros, lo que así hizo.
La defensa del empresario valenciano, ejercida por el despacho de abogados de José Domingo Monforte, recurrió esta medida cautelar por "carecer de fundamento" al no concurrir riesgo de fuga y porque el riesgo de destrucción de pruebas o de influir sobre otros implicados "quedaría eliminado con la medida de prisión, pero no resulta en absoluto minimizado con la fianza sustitutoria prestada".
La Sección Cuarta entiende que "tiene razón" en su argumentación al "parecer innecesario el mantenimiento de tal fianza", por lo que ordena su devolución en un auto del que ha sido ponente la magistrada Ángela Murillo.
El juez Velasco relaciona a De Pedro, que administra una empresa de posicionamiento on line implicada en este caso, con el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y aseguró en el auto en el que decretó su ingreso en prisión que el político le concedió contratos en la estación de esquí de San Isidro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".
Además, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude", decía el juez.
Velasco modificó la situación del empresario valenciano tras celebrar una vista el 23 de diciembre. Además de imponerle la caución de 50.000 euros para abandonar la cárcel, ordenó comparecencias mensuales en los juzgados más cercanos a su domicilio.
"CABEZA" DEL ENTRAMADO
El magistrado aseguraba que el empresario es la "cabeza" de un un importante entramado de tráfico de influencias alternativo al dirigido por David Marjaliza, uno de los cabecillas de la red junto al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados. "Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares", precisaba.
Velasco considera que estos "trabajos" le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían "la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros" en lugares como Murcia, León y Madrid.
