PALMA DE MALLORCA, 04 (EUROPA PRESS)
Así lo han informado fuentes jurídicas a Europa Press, que han precisado que será este viernes cuando el representante del Ministerio Público presente un escrito con el que se adherirá a la petición de los Duques de Palma, formulada la semana pasada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear.
No obstante, Horrach mostrará su conformidad con la operación inmobiliaria siempre que lo que quede después de pagar la hipoteca suscrita por los Duques para hacer frente al pago de la vivienda se ingrese en la cuenta del Juzgado.
Según el proyecto económico-financiero con el que contaba el matrimonio de cara a la adquisición del palacete, incluido en el sumario del caso Nóos, el precio del inmueble ascendía a un total de 5,7 millones de euros, mientras que contemplaba obras de reforma por valor de 600.000, de modo que el coste global al que preveían hacer frente se elevaba a los 6,3 millones de euros. El pago de las letras mensuales asciende a 14.500 euros.
Para abonar el precio los Duques contaban, según los documentos, con los ahorros de los que disponían tanto la Infanta Cristina como Urdangarin por un total de 2,3 millones de euros, así como con la venta de un piso por 1,7 millones.
En la declaración que prestó en febrero de 2013, la segunda ante el juez Castro, Urdangarin señaló que de la hipoteca les quedaba por amortizar 3,6 millones de euros, y que ante la falta de ingresos le es "imposible" hacer frente a la póliza. A pesar de los impagos, admitió no haber recibido hasta el momento "ningún requerimiento" de La Caixa, a cuyo presidente, Isidro Fainé, conoce personalmente.
MANOS LIMPIAS SE OPONE A LA OPERACIÓN INMOBILIARIA
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en la causa, presentó este martes un escrito con el que se opone a la venta, al alegar que con esta operación inmobiliaria no se garantizará "en modo alguno" las responsabilidades civiles exigidas a los Duques de Palma "habida cuenta de las cargas que el referido inmueble posee".
En concreto, la mitad del inmueble fue embargada en lo que respecta a la parte propiedad de Urdangarin por no haber hecho frente a la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros, posteriormente reducida a 6,1 millones, que a finales de 2013 le impuso el juez Castro para que hiciera frente a la misma de forma conjunta con su exsocio, Diego Torres.
Por su parte, sobre la hermana del Rey Felipe VI pesa una fianza civil de 2,6 millones de euros, cantidad que se enmarca en el total de 61,3 millones que el magistrado impuso a los 17 acusados de la causa, a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda investigada en el caso Nóos.
