MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha convocado para el próximo 9 de febrero a las partes personadas en la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia para estudiar si impone a la treintena de imputados, la propia Bankia y su matriz el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), fianzas solidarias en concepto de responsabilidad civil como le han reclamado varios accionistas.
En una providencia, Andreu convoca a las partes "a la vista del estado de las actuaciones" y de conformidad con lo expuesto en los artículos 589, 615 y 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. "Procede convocar a las partes y al Ministerio Fiscal a la celebración de la vista prevista en el artículo 734 de la Ley Procesal Civil que tendrá lugar el 9 de febrero a las nueve de la mañana", precisa.
Algunos de los accionistas perjudicados, han llegado a reclamar al juez cantidades de hasta 4.112 millones de euros al considerar "prudente" y "proporcionada" la fianza, cuyo valor justifican en el perjuicio causado a los inversores con la salida a Bolsa de Bankia, que se cifra en 3.092 millones de euros, a lo que se debe sumar el tercio adicional previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los afectados solicitaron al magistrado que reclamara cantidades de varios miles de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de la causa. Los particulares entienden que la imposición de estas fianzas es "pertinente" a la vista "de la existencia de indicios suficientes, racionales y fundados de criminalidad".
"Ninguno de los querellados se encuentra en situación de prisión preventiva ni se han tomado medidas tendentes a asegurar que los perjudicados obtengan resarcimiento por la cuantía total", destacaban algunos de ellos en varios escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4.
UPyD realizó también una petición de fianza por responsabilidad civil superior a los 4.000 millones que fue rechazada por el juez, que consideró que, como acusación popular, esta parte no estaba legitimada para formular esta solicitud.
