MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu solicita a la Asociación Pro Justicia Siglo XXI, que conduce el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, un total de 20.000 euros de fianza para poder personarse en la causa en la que se investiga la emisión de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. De depositarla, esta parte tendrá que actuar bajo la dirección letrada de Unión Progreso y Democracia (UPyD).
Así se señala en un auto de fecha del pasado 2 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 justifica su decisión en que la actuación de cada querellante con su propia representación por separado provocaría "inútiles reiteraciones así como una artificial complejidad en la tramitación" de la causa.
Todo ello supondría "un sacrificio injustificado en el derecho a una rápida respuesta judicial", según Andreu, por lo que de consignar la fianza requerida la asociación del polémico abogado deberá actuar bajo la misma representación que la acusación popular de UPyD. La Asociación ya ha recurrido este auto en reforma.
La decisión de Andreu coincide con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un dictamen en el que no se opone a la admisión de la querella interpuesta por la asociación de Rodríguez Menéndez contra 82 exconsejeros de Caja Madrid y Bankia "al coincidir de forma total el relato de hechos" que realizan "con los que son objeto de este procedimiento".
SITUACIÓN DE LOS CONSEJEROS
En todo caso, la Fiscalía insta a esperar al análisis por Andreu del informe entregado la semana pasada por peritos del Banco de España que evidenciaba irregularidades en la concesión de las tarjetas opacas, así como a "la decisión que tras el mismo deba adoptarse" respecto de la imputación de todos los exconsejeros.
Hasta el momento únicamente han sido objeto de actuación en esta pieza los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato y el exdirector financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj, a los que Andreu investiga en relación con los gastos personales que los exconsejeros cargaron a las tarjetas durante sus mandatos.
