VITORIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
La creación de esta figura aparece recogida en Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca, aprobado este martes en Consejo de Gobierno y que será remitido al Parlamento vasco para su debate y aprobación.
El proyecto, presentado por el consejero de Justicia y Administración Pública, Josu Erkoreka, tiene el objetivo de diseñar un nuevo marco jurídico que permita convertir la Administración Pública vasca "en un servicio público de calidad, capaz de responder de una manera eficaz a las necesidades de la ciudadanía". Las bases del documento, según el Ejecutivo, son "la participación, transparencia y colaboración ciudadana en los asuntos públicos".
Entre las principales novedades del texto, destaca que la ciudadanía tendrá derecho a que la Administración Pública vasca le responda a sus solicitudes de información pública en una plazo no superior a 15 días. En el caso de no hacerlo, los ciudadanos podrán acudir a la 'Agencia Vasca de Transparencia-Gardena', un órgano independiente.
CONFLICTOS
Esta agencia dirimirá los conflictos que se deriven del ejercicio del derecho de la ciudadanía a la información pública y a la máxima transparencia posible, y los límites legales a tal derecho basados en la protección de datos personales, la seguridad pública, la vida privada, el secreto profesional o los derechos a la propiedad intelectual e industrial.
La 'Agencia Vasca de Transparencia-Gardena' promoverá el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, se encargará de salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, e incluso resolverá los recursos en el caso de las administraciones locales y forales, mientras que éstas no tengan establecido para estos casos un órgano de decisión propio.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Otro de los aspectos más novedosos que regula esta normativa es que la ciudadanía podrá participar en la elaboración de los reglamentos y decretos que desarrolle el Gobierno. Para ello, creará la denominada 'Iniciativa Reglamentaria Popular', con el objetivo de ampliar la capacidad de participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas que les afectan.
Con este mismo objetivo, el proyecto crea la 'Plataforma de Gobierno Abierto', como espacio permanente de interacción entre la Administración Pública vasca y la sociedad.
NUEVAS ENTIDADES
En la parte referida a la clasificación, composición y organización el Sector Público Vasco, el proyecto articula los requisitos que deberán cumplir el Gobierno o el Parlamento para crear nuevas entidades públicas. Por ejemplo, deberá acreditarse la necesidad de nueva creación y deberá garantizarse que no se produzcan duplicidades.
A partir de su constitución, las entidades públicas serán sometidas a evaluaciones de eficacia y eficiencia que permitan conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y fines que propiciaron su creación o participación, así como sobre la relación entre los recursos utilizados y los logros conseguidos en su actividad.
Además, deberán inscribirse en el 'Registro de Entidades del Sector Público Vasco', que dará cuenta de su estructura, organización, composición y participación en otras entidades públicas o privadas. Todas estas entidades públicas están obligadas a lo establecido en materia de publicidad activa y derecho de acceso a la información que recoge esta ley.
La ciudadanía podrá consultar 'online' los nombramientos y ceses de altos cargos, sus funciones, resoluciones de compatibilidad con otras actividades, sus agendas públicas y sus direcciones electrónicas para la interacción; así como los planes que se pretenden implantar junto con las evaluaciones que permitan conocer su grado de cumplimiento y resultados.
PARTIDOS Y SINDICATOS
Los vascos también podrán conocer la relación y el importe de todas las ayudas y subvenciones otorgadas, así como el listado de personas beneficiarias, la relación y el importe de todos los contratos y convenios con el listado de las empresas o entidades adjudicatarias, los indicadores de la situación económico patrimonial, además del nivel de endeudamiento de las sociedades públicas. Dichos cambios afectarán a todas las entidades públicas que integran la Administración Pública Vasca.
El proyecto de ley abarca también a todos aquellos agentes de la sociedad que son destinatarios de los recursos públicos, de manera que a ellos también se dirigen las obligaciones de publicidad activa pública que establecerá la ley. Este es el caso tanto de los partidos políticos y organizaciones empresariales y sindicales, como de las personas individuales o jurídicas que resulten beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas legalmente establecidas. Igualmente, se hará público el número de personas liberadas sindicales, el número de horas que dedican y los costes asociados.
