UNA IMPROVISACIÓN NECESARIA
Creo que tiene pleno sentido, tanto político como jurídico, el proteger a la persona de quien ha sido la más alta magistratura del Estado durante años mediante su aforamiento ante el Tribunal Supremo. Por mucho que la opinión, tanto la experta como la pública, sea hoy contraria con carácter general a la desmesurada extensión de los aforamientos en el sistema español, por implicar un trato distinto ante la ley que en muchas ocasiones deriva en un trato privilegiado, el caso del Rey reclama ese trato especial con toda justicia. Por no hablar de la prudencia, virtud más importante aún para la política.
Vivimos en el mundo que vivimos, y la tentación de llevar al juzgado de guardia al “ciudadano Borbón” es demasiado fuerte como para que el sistema político no la prevea e impida mediante la obligada remisión de cualquier querella a la sala segunda del Tribunal Supremo. Un sistema político que no lo hiciera, que permitiera que el máximo representante del Estado durante largos años pudiera ser objeto de paseíllo al día siguiente de abdicar, sería simplemente irresponsable.
Otra cosa es constatar, con asombro, que tal medida no se ha adoptado desde hace años, con la más plena normalidad jurídica. Que ni siquiera se aprovechara la modificación sobre aforamientos que afectan a la familia real actualmente en curso en la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir al exmonarca entre los aforados. Pura y simple imprevisión, o exceso de pudor cortesano al no querer siquiera sugerir que pudiera producirse una abdicación. En cualquier caso, una imprevisión que obliga ahora al Gobierno a actuar chapuceramente y a establecer una norma de caso único que siempre suena mal. Que sonará mal ante la opinión pública, como si se estuviera ya confesando que hay algo que tapar, y que suscitará sin duda acres críticas entre los diversos populismos hoy en boga, porque la verdad es que se les pone muy fácil.
