MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El ejecutivo de Mariano Rajoy bloqueó en diciembre de 2012 estos abonos, que sumarían más de 213 millones de euros.
El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, y el de Industria, Graciano Torre, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han dado cuenta de la decisión judicial. En palabras de Martínez, el fallo "pone de manifiesto el incumplimiento del Gobierno de España de los pagos de inversiones ya programadas, y en muchos casos iniciadas, y en los que el Ejecutivo asturiano tuvo que adelantar la cuantía".
La sentencia, según ha matizado Martínez, rechaza el argumento de la no disponibilidad de recursos económicos argumentada por el Estado y establece también que el Gobierno central debería haberse ocupado de vigilar el cumplimiento del desarrollo de los mencionados convenios. Ahora, según el consejero, Asturias reclama el pago de estos fondos, si bien ha matizado que su cuantía no está clara. Precisamente, el fallo establece que el Estado debe identificar la situación de cada convenio y determinar la cuantía que proceda en cada caso, hasta un máximo global que podría ser de 213 millones.
No obstante, estos 213 millones solo son una parte de lo reclamado. El Gobierno asturiano mantiene presentados otros dos recursos similares ante el juzgado central, referentes a convenios de los años 2012 y 2013 que han sufrido un proceso similar. En ambos casos sumarían 56 y 68 millones de euros respectivamente. Martínez ha expresado su confianza en que la decisión de la justicia vaya en el mismo sentido que la sentencia conocida este jueves.
CARGARLO A LOS FONDOS MINEROS
El consejero de Industria ha mostrado las sospechas del Ejecutivo autonómico de que el Gobierno de España haya previsto está situación y tenga pensado abonar estos pagos, en una cantidad reducida, con cargo a la partida de ayudas a la reindustrialización del año 2014, incluida en el Plan del Carbón 2013-2018.
Torre ha explicado que el Ejecutivo ha remitido un real decreto informando sobre las normas en las que se basa la concesión de estas ayudas, que sumarían un total de 51 millones de euros a repartir este año entre varias comunidades autónomas con zonas mineras. Así, ha citado el punto cinco de dicho Real Decreto, donde aparece, según el consejero, "un elemento nuevo que no figuraba en el Plan". El mismo señala que "podrán ser financiables infraestructuras que estando incluidas en planes anteriores tuviesen firmado un convenio de colaboración específico o acordada la ejecución de la actuación, sempre que su importancia para el desarrollo alternativo de estos municipios o su avanzado grado de ejecución justifiquen la concesión de las ayudas".
Torre lo tiene claro: "estamos hablando de las mismas obras en ambos casos". El consejero de Industria ha anunciado una nueva alegación del Gobierno asturiano, porque "los tribunales están avalando que estas actuaciones (los convenios de 2011) se tienen que pagar con cargo a otros presupuestos y no detraer de los 51 millones de euros partidas para pagar esta situación anterior". El responsable de Industria recuerda que esta última cuantía debe repartirse entre siete comunidades autónomas, por lo que si se utiliza para pagar los convenios adeudados a Asturias no quedarían fondos para "hacer nada nuevo".
