MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Según han explicado a Europa Press fuentes del CGPJ la queja ha llegado este mismo miércoles al órgano de gobierno de los jueces y, como es preceptivo, ésta ha sido trasladada al promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, que estudiará si de los autos de Alaya puede derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.
Cabe recordar que el promotor de la Acción Disciplinaria es un puesto de nueva creación a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley que regula el CGPJ y es el encargado de iniciar e instruir los expedientes disciplinarios a los miembros de la carrera judicial y de presentar los cargos ante la Comisión Disciplinaria.
El presidente del Parlamento andaluz ha presentado la queja por la "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento".
La queja se refiere en concreto a dos autos sucesivos dictados por Alaya el pasado mes de marzo en los que instaba a la Intervención General del Estado a indagar sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz --actual Comisión de Hacienda y Administración Pública-- "sobre las irregularidades que se estaban produciendo en la concesión de subvenciones sociolaborales al margen de la Intervención General".
El escrito enviado por Gracia asegura que el juicio que realiza la instructora sobre los diputados en el ejercicio de sus funciones con ocasión de la aprobación de la Ley de Presupuestos "se antoja cuanto menos gratuito", por lo que subraya la importancia de que los andaluces conozcan que "sus representantes, independientemente de la complejidad técnica de los asuntos que tratan, están siempre debidamente asesorados".
El escrito de queja cuestiona que la juez Alaya "pretenda someter a investigación la actividad del Parlamento en la tramitación de un concreto procedimiento legislativo, el del Proyecto de Ley de Presupuestos, sin tener en cuenta estos matices" y considera "improcedente" que insista en la necesidad de un peritaje de la Intervención General del Estado para determinar "qué pudo conocer la Comisión de Economía y Hacienda de las irregularidades que estaban cometiendo", algo que considera que "los jueces y tribunales deben conocer por sí mismos".
El texto remitido al CGPJ expone que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "carece de propia jurisdicción para ordenar una investigación, de naturaleza jurídico-penal, sobre lo que pudo conocer o dejar de conocer, una comisión parlamentaria en el ejercicio de sus funciones".
Junto a ello, recuerda que los jueces y tribunales "carecen de propia jurisdicción sobre las opiniones expresadas por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones --inviolabilidad--", ya que advierte de que "si no fuera así, la libre formación de la voluntad del Poder Legislativo desaparecería".
Además recuerda que el artículo 100.2 del Estatuto de Autonomía establece que "el Parlamento de Andalucía es inviolable", lo que supone "un principio general de protección de la institución parlamentaria, como reconocimiento de la importancia fundamental del poder legislativo, que se traduce en la previsión constitucional y estatutaria de que los parlamentos no puedan ser interferidos ni coaccionados en sus propias funciones".
