MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Los aspirantes a presidir la Audiencia Nacional, entre ellos tres de sus actuales magistrados, han planteado durante sus comparecencias este jueves en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que las competencias de este órgano sean redefinidas con el objetivo de luchar de forma más efectiva contra las organizaciones dedicadas a la delincuencia financiera o relacionada con la corrupción a nivel nacional.
Del total de seis aspirantes, los ya magistrados en la Audiencia Nacional son los jueces centrales de instrucción Fernando Andreu e Ismael Moreno y el integrante de la Sección Primera de la Sala de lo Penal Javier Martínez Lázaro.
El resto de candidatos son el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias José Ramón Navarro, que suena como favorito según fuentes judiciales consultadas por Europa Press; el juez de enlace de España en Francia Juan Pablo González y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja Ignacio Espinosa, quien fue candidato por el PP para formar parte del Tribunal Constitucional.
En las entrevistas han estado presentes los cinco miembros de la Comisión Permanente del Consejo, que son su presidente, Carlos Lesmes y los vocales Álvaro Cuesta, María del Mar Cabrejas, Gerardo Martínez Tristán y Juan Manuel Fernández, a los que han acompañado otros consejeros como Fernando Grande-Markaska, Nuria Díaz, Rafael Mozo o Clara Martínez de Careaga. Ninguno de ellos ha realizado pregunta alguna a los candidatos, que se han limitado a exponer sus proyectos.
Durante su intervención, Navarro ha desgranado lo que cree que deben ser las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que deben ir desde las existentes de delitos contra el titular de la Corona, terrorismo, piratería o relacionados con la manipulación genética, falsificaciones y defraudaciones para alterar el precio de las cosas cuando afecte a la economía nacional.
A ellas debían sumarse, según este magistrado, los delitos cometidos por organizaciones de carácter trasnacional, como trata de los seres humanos y los casos de corrupción que produzcan graves daños a la hacienda pública. En este punto ha coincidido con la opinión expresada por magistrados ya en la Audiencia como Andreu (instructor del caso Bankia), Moreno o el miembro de la Sala de lo Penal Martínez-Lázaro.
También propone Navarro la creación en la Audiencia Nacional de una Sala de lo Civil que se sume a las ya existentes de lo Penal, de lo Contencioso y de lo Social, con el fin de evitar la disparidad de criterios en asuntos relativos a demandas colectivas de consumidores o concursos de acreedores que afecten a empresas con un número determinado de trabajadores o centros de trabajo en varias comunidades autónomas.
EVITAR PRESIONES
Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, ha expresado como una de las principales competencias de la Presidencia de la Audiencia Nacional la de "asegurar a todos los jueces y magistrados el sosiego necesario para que desarrollen su función con la máxima eficiencia" evitando presiones que perturben su trabajo, que ha calificado de "habituales".
Este magistrado es el que se ha referido de forma más explícita al carácter "mediático y conflictivo" de la Sala de lo Penal de la Audiencia, a la que se ha referido también como "institución clave del Estado de Derecho frente a la delincuencia especializada"
A su juicio hay que inculcar que la Audiencia Nacional "no es algo aparte de la estructura jurisdiccional española", y frente a las disfunciones que se hacen patentes por su "profusa exposición mediática" propone su "normalización" mediante "protocolos de actuación que eviten la exposición mediática personal" de los inculpados y garantice sus derechos.
También plantea este magistrado la supresión del Juzgado Central de Menores, actualmente inoperante al no existir apenas casos que se incardinen en esta Sala, así como la creación de un segundo Juzgado Central de Vigilancia que ayude a descongestionar el actual.
Casi la totalidad de candidatos han destacado la labor realizada por el último presidente, Ángel Juanes, y han redundado en la necesidad de reforzar los servicios de peritaje de la Audiencia, para que no tarden tanto en presentar sus informes.
Por su parte, Espinosa ha mostrado a los vocales del CGPJ su preocupación por la filtración de estos informes a través de las diferentes partes personadas en los procedimientos. "Habría que ponerle remedio", ha manifestado.
Durante su intervención, el magistrado de lo Penal de la Audiencia Javier Martínez-Lázaro se ha quejado ante el CGPJ del hecho de que el presidente de este órgano nunca haya sido antes magistrado en el mismo.
A su juicio esta circunstancia causa un "doble efecto perverso", puesto que ser miembro de su Sala de lo Penal "es un hándicap "para acceder a la presidencia, lo que produce "falta de motivación" entre estos magistrados. "Deberían preguntarse por qué los jueces de instrucción no participan para ser magistrados de Sala o por qué el único de ellos que se ha presentado a esta plaza soy yo", ha razonado Martínez-Lázaro.
Al tratarse de una plaza de carácter gubernativo, todos los candidatos deben ser entrevistados por la Comisión Permanente del CGPJ, que tras analizar sus candidaturas propondrá una terna de nombres de los que saldrá el del nuevo presidente de la Audiencia Nacional. El asunto se llevará al Pleno del próximo 27 de marzo.
