Diario del Derecho. Edición de 19/09/2018
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 18/03/2014
 
 

Caso de los ERE irregulares

Alaya aclara que no plantea "ni siquiera como hipótesis" que el Parlamento andaluz pueda tener responsabilidad

18/03/2014
Compartir: 

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía ha emitido un auto en el que aclara que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento andaluz, pues únicamente ha pedido a los peritos de la Intervención General del Estado que indaguen el papel que pudiera haber tenido la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz, actual Comisión de Hacienda y Administración Pública.

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya recuerda que ya en un auto dictado el 31 de octubre de 2013 aseguró que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento y añadió que "a partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto".

Al hilo de ello, la instructora recuerda que, según se recoge en el informe ejecutivo de la Intervención General del Estado, "el Parlamento, al aprobar la partida de transferencia de financiación, actuó con estricto respeto a la legalidad, ya que el propio Parlamento con anterioridad había definido claramente la naturaleza y finalidad de las transferencias de financiación, ratificándola año tras año en las leyes de presupuestos del periodo 2000-2012".

Según recuerda la juez, los peritos mantuvieron que "es obvio que el legislador andaluz no pretendió que, a través del uso de las transferencias de financiación a IFA-IDEA, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico, tanto el aprobado por él, como el dictado con carácter básico para el conjunto del Estado".

Alaya asevera que "congruentemente con tal planteamiento", acordó por auto de 3 de marzo requerir informe de los peritos sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban cometiendo", de manera que se "acotó" el objeto de examen a dicha comisión.

En este sentido, la juez explica que "teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y que los presupuestos se encuentran publicados en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo tal la documentación manejada por los peritos, así como del inmenso volumen que ocuparía, no ha lugar por ahora a requerir al Parlamento para que remita la totalidad de la documentación remitida por la Junta acompañando al Proyecto de Ley de Presupuestos", todo ello "sin perjuicio de lo que resulte una vez se reciba la documentación relatada en relación a la comisión parlamentaria".

PIDE INFORMACIÓN AL PARLAMENTO Y NO A LA JUNTA

Y es que la juez aprovecha el auto para aclarar una serie de cuestiones incluidas en el auto de 3 de marzo, de manera que acuerda solicitar a la Secretaría General del Parlamento andaluz documentación que había pedido a la Junta de Andalucía, ya que la primera "goza de autonomía administrativa", y en concreto el diario de sesiones de la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010 "donde se debata la aprobación del presupuesto anual" y el diario de sesiones del Parlamento, "en particular de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales del periodo 2001-2010".

En el mismo auto, la juez hace referencia a un escrito presentado por la defensa de dos ex altos cargos imputados en la causa para dejar claro que "el uso de las transferencias de financiación para otorgar subvenciones no es una afirmación" de la Intervención General "única y sorpresiva, sino un criterio compartido por los órganos de control contable de la Junta y en los que se basa una de las líneas de investigación de la presente causa".

"Es decir, no se cuestiona por esta instructora el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación, sino el uso que se ha realizado de las mismas con fines totalmente ajenos a los que estaban destinadas y que han propiciado que los fondos públicos andaluces hayan sido repartidos con criterios totalmente arbitrarios", asevera la magistrada.

LA PETICIÓN DE GUERRERO

La instructora, que rechaza que los peritos amplíen su informe para indagar si IFA/IDEA "podía y puede ejercer potestades subvencionadoras o de fomento", ya que las subvenciones sociolaborales "las otorgaba la Consejería de Empleo", requiere a la firma auditora PricewaterhouseCoopers para que, "a la mayor brevedad", remita la carta de manifestaciones remitidas por IFA/IDEA correspondiente a las auditorías de 2000 a 2004 y de 2006.

También pide a esta firma auditora las "comunicaciones de la Consejería de Empleo que pudieran obrar en su poder en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas de IFA/IDEA desde el ejercicio 2001, en las que aquella asumiera el compromiso de cubrir los posibles déficits presupuestarios existentes en relación a los convenios suscritos con IFA/IDEA con cargo a próximas dotaciones presupuestarias", así como los informes de auditoría de cuentas anuales de IFA/IDEA relativos a los ejercicios 2001-2009.

Asimismo, en el auto la juez anuncia que ha recibido un oficio de la Guardia Civil "en relación a las diligencias encomendadas respecto a las ayudas apuntadas" por el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, haciendo referencia de este modo al escrito en el que éste pedía que, en relación a estas ayudas, llamara a declarar al consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), algo que la juez rechazó.

En este sentido, la juez acuerda dar traslado a la Guardia Civil "de los expedientes de ayudas a los que se refiere y que constan unidos a las actuaciones", ya que el gabinete jurídico de la Junta aportó los relativos a las ayudas concedidas a Sevilla Siglo XXI y Autologística de Andalucía.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

  1. Estudios y Comentarios: El viaje de Puigdemont; por Alfonso-Luis Calvo Caravaca, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y Javier Carrascosa González, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia
  2. Tribunal Supremo: No procede el reconocimiento de gran invalidez instado por un trabajador que antes de su alta en la SS ya necesitaba la ayuda de una tercera persona y cuya situación clínica se agravó con posterioridad
  3. Tribunal Supremo: La Sala rectifica su doctrina y declara que no es necesario que el contrato de relevo sea indefinido y a tiempo completo cuando se celebran para cubrir jubilaciones parciales con reducción de jornada y salario superior al 75%
  4. Estudios y Comentarios: De másteres, doctorados y universidades; por Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo
  5. Tribunal Supremo: No procede la acción de saneamiento por evicción motivada por la inclusión en el inventario de la herencia de los progenitores de los litigantes de una finca ganancial que fue vendida por el padre a uno de sus hijos
  6. Actualidad: El Supremo anula el registro de Competencia a la sede de Repsol en 2013 y ordena devolver la documentación incautada
  7. Tribunal Supremo: No existe despido si no finalización del contrato de obra o servicio de portería en un edificio público, cuando después del cese del trabajador el servicio se adjudica a otra empresa y en el convenio colectivo no se impone la sucesión
  8. Estudios y Comentarios: La gramática sexuada; por Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho administrativo y Académico de Número de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
  9. Tribunal Supremo: Cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las normas que dan cobertura a los actos tributarios de las entidades locales, no es necesario presentar recurso de reposición previo al recurso contencioso
  10. Estudios y Comentarios: Prisión provisional justificada; por Plácido Fernández-Viagas Bartolomé, letrado de la Asamblea Legislativa y magistrado jubilado

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2018

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana