SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya recuerda que ya en un auto dictado el 31 de octubre de 2013 aseguró que "ni siquiera como hipótesis de estudio se ha planteado la existencia de responsabilidad" por parte del Parlamento y añadió que "a partir de la consideración de que esta indiciaria maquinación delictiva en la elaboración de los presupuestos era además conocida por el Parlamento, supone restarle complejidad técnica a la Ley de Presupuestos y presuponer en los parlamentarios un conocimiento exquisito en materia presupuestaria, más bien propio de un experto".
Al hilo de ello, la instructora recuerda que, según se recoge en el informe ejecutivo de la Intervención General del Estado, "el Parlamento, al aprobar la partida de transferencia de financiación, actuó con estricto respeto a la legalidad, ya que el propio Parlamento con anterioridad había definido claramente la naturaleza y finalidad de las transferencias de financiación, ratificándola año tras año en las leyes de presupuestos del periodo 2000-2012".
Según recuerda la juez, los peritos mantuvieron que "es obvio que el legislador andaluz no pretendió que, a través del uso de las transferencias de financiación a IFA-IDEA, se vulneraran las normas de concesión de subvenciones y de fiscalización de las mismas contenidas en el ordenamiento jurídico, tanto el aprobado por él, como el dictado con carácter básico para el conjunto del Estado".
Alaya asevera que "congruentemente con tal planteamiento", acordó por auto de 3 de marzo requerir informe de los peritos sobre "qué pudo conocer" la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento andaluz "sobre las irregularidades que se estaban cometiendo", de manera que se "acotó" el objeto de examen a dicha comisión.
En este sentido, la juez explica que "teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y que los presupuestos se encuentran publicados en la página web de la Consejería de Economía y Hacienda, siendo tal la documentación manejada por los peritos, así como del inmenso volumen que ocuparía, no ha lugar por ahora a requerir al Parlamento para que remita la totalidad de la documentación remitida por la Junta acompañando al Proyecto de Ley de Presupuestos", todo ello "sin perjuicio de lo que resulte una vez se reciba la documentación relatada en relación a la comisión parlamentaria".
PIDE INFORMACIÓN AL PARLAMENTO Y NO A LA JUNTA
Y es que la juez aprovecha el auto para aclarar una serie de cuestiones incluidas en el auto de 3 de marzo, de manera que acuerda solicitar a la Secretaría General del Parlamento andaluz documentación que había pedido a la Junta de Andalucía, ya que la primera "goza de autonomía administrativa", y en concreto el diario de sesiones de la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda desde 2001 hasta 2010 "donde se debata la aprobación del presupuesto anual" y el diario de sesiones del Parlamento, "en particular de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales del periodo 2001-2010".
En el mismo auto, la juez hace referencia a un escrito presentado por la defensa de dos ex altos cargos imputados en la causa para dejar claro que "el uso de las transferencias de financiación para otorgar subvenciones no es una afirmación" de la Intervención General "única y sorpresiva, sino un criterio compartido por los órganos de control contable de la Junta y en los que se basa una de las líneas de investigación de la presente causa".
"Es decir, no se cuestiona por esta instructora el mecanismo presupuestario de las transferencias de financiación, sino el uso que se ha realizado de las mismas con fines totalmente ajenos a los que estaban destinadas y que han propiciado que los fondos públicos andaluces hayan sido repartidos con criterios totalmente arbitrarios", asevera la magistrada.
LA PETICIÓN DE GUERRERO
La instructora, que rechaza que los peritos amplíen su informe para indagar si IFA/IDEA "podía y puede ejercer potestades subvencionadoras o de fomento", ya que las subvenciones sociolaborales "las otorgaba la Consejería de Empleo", requiere a la firma auditora PricewaterhouseCoopers para que, "a la mayor brevedad", remita la carta de manifestaciones remitidas por IFA/IDEA correspondiente a las auditorías de 2000 a 2004 y de 2006.
También pide a esta firma auditora las "comunicaciones de la Consejería de Empleo que pudieran obrar en su poder en relación con los trabajos de auditoría de las cuentas de IFA/IDEA desde el ejercicio 2001, en las que aquella asumiera el compromiso de cubrir los posibles déficits presupuestarios existentes en relación a los convenios suscritos con IFA/IDEA con cargo a próximas dotaciones presupuestarias", así como los informes de auditoría de cuentas anuales de IFA/IDEA relativos a los ejercicios 2001-2009.
Asimismo, en el auto la juez anuncia que ha recibido un oficio de la Guardia Civil "en relación a las diligencias encomendadas respecto a las ayudas apuntadas" por el abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, haciendo referencia de este modo al escrito en el que éste pedía que, en relación a estas ayudas, llamara a declarar al consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), algo que la juez rechazó.
En este sentido, la juez acuerda dar traslado a la Guardia Civil "de los expedientes de ayudas a los que se refiere y que constan unidos a las actuaciones", ya que el gabinete jurídico de la Junta aportó los relativos a las ayudas concedidas a Sevilla Siglo XXI y Autologística de Andalucía.
