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La necesaria unanimidad del Constitucional; por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional

18/02/2014
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El día 18 de febrero de 2014, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor considera que la respuesta a la Declaración de soberanía del Parlamento catalán sea rotunda.

LA NECESARIA UNANIMIDAD DEL CONSTITUCIONAL

EL 23de enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó, con los votos a favor de CiU, ERC, ICV y CUP, y los votos en contra del PP, PSC, y Ciutadans, una Declaración soberanista en la que se afirmaba que Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano. En ella, se enumeran varios postulados destinados a justificar el llamado “derecho a decidir”, que no es otra cosa sino el “derecho de autodeterminación” debidamente maquillado.

Cabe señalar ante ese documento algunas consideraciones que suscita su lectura. En primer lugar, los nacionalistas catalanes no son capaces de distinguir entre el derecho de autodeterminación de territorios coloniales y el de un supuesto derecho semejante que se aplica a una parte de un estado regido por una Constitución democrática. A este respecto, fue muy clara la decisión del Tribunal Supremo de Canadá, afirmando en 1998 respecto a la posible independencia de Quebec que, a la luz del Derecho Internacional, no existe un derecho a la secesión por parte de un territorio de un estado que no se encuentre en una situación colonial. En segundo lugar, es claro que el pueblo de Cataluña no es soberano, puesto que forma parte de la nación española, que es el auténtico sujeto de la soberanía que reconoce la Constitución. En tercer lugar, la Declaración insiste en que Cataluña, como nuevo estado europeo, defenderá y adoptará los principios fundamentales de la UE. Lo cual es una contradicción en sí misma, puesto que los nacionalistas catalanes deberían saber que uno de esos principios fundacionales consiste en que, para pasar a ser un nuevo estado de la UE, es necesario contar con la unanimidad de todos los estados miembros, objetivo que no se podrá conseguir nunca si no se dispone del voto de España. Por último, los nacionalistas no dudan en mantener que la democracia se reduce al sufragio universal, lo cual es un error porque desde Montesquieu sabemos que el funcionamiento democrático impone, al mismo tiempo, tanto el respeto al sufragio como la aceptación de las reglas de derecho vigentes.

A la vista de esta Declaración, que parecía ser una más de las varias mociones que el Parlamento catalán había aprobado desde 1989 sin más valor que el de ser un mero acto parlamentario sin efectos jurídicos, el Gobierno del PP presentó el 8 de marzo de 2013 un recurso ante el Constitucional impugnándola. Dos meses después de aprobar la Declaración soberanista, el Parlamento catalán aprobó un segundo acuerdo en el que abogaba por abrir un diálogo con el Gobierno respecto al llamado “derecho a decidir”. Cabe discutir si estos dos acuerdos tienen efectos jurídicos inmediatos o, como afirma la vicepresidenta del Constitucional en su reciente informe, carecen de ellos. Ahora bien, lo que llama la atención, es que el Alto Tribunal haya superado el máximo de cinco meses que el artículo 161.2 de la Constitución establece para la resolución de la impugnación.

Sea lo que fuere, pienso que cuando el Gobierno del PP presentó su impugnación, no hizo más que tomar el rábano por sus hojas, pues aunque la Declaración no tenga efectos jurídicos inmediatos, ha sido la llave para que se cree un órgano denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, que no sólo es inconstitucional, sino que además es algo insólito y sorprendente en una democracia. Esto es, no cabe concebir que mediante el Decreto 113/2013 de 22 de marzo de 2013, la Generalitat haya podido crear un órgano cuya finalidad última es proponer las vías para romper la unidad de España, reconocida en el artículo 2 de la Constitución.

Este Consejo, formado por 13 personalidades y presidido por el catedrático de Derecho Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, genera sin duda unos gastos en su funcionamiento, aunque oficialmente sus miembros no cobren un sueldo fijo, que viene a demostrar más claramente aún su manifiesta inconstitucionalidad. De ahí que resulte sorprendente que el profesor Viver, que fue vicepresidente del Constitucional, no se haya apercibido de la incongruencia manifiesta en que se mueve su actual actividad independentista. El hecho de que ahora sea el presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional -cargo por cierto que en el caso de una hipotética secesión de Cataluña le llevaría en andas a la Presidencia de la nueva República de Cataluña- es una circunstancia que haría sonrojar a cualquiera por su oportunismo. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que Viver escribió hace años en un libro que escribió sobre la Constitución española. Se leía así en una de sus páginas: “Consagrar la autonomía política de las nacionalidades y regiones no supone quebrar la unidad del Estado (sic), muy al contrario puede suponer su reforzamiento en la medida en que a partir de ese principio, la unidad no es una unidad impuesta y uniformizadora, sino que, al fundarse en reconocimiento de los rasgos característicos y en las aspiraciones de las comunidades que integran el Estado, es una unidad ampliamente aceptada por las mismas”.

Pues bien, aunque la Declaración soberanista podría ser tratada como un mero acto parlamentario, sin efectos jurídicos, pues no concluye con una resolución, disposición o acto que se integre en el ordenamiento, tal y como mantuvo el propio Tribunal Constitucional con motivo del rechazo del plan Ibarretxe, las cosas cambian desde el momento en que se creó el citado Consejo Asesor. Este órgano, que fue creado por un decreto claramente inconstitucional, dos meses después de la Declaración, es lo que debería haber justificado la impugnación por parte del Gobierno del PP. Así lo demuestra, por ejemplo, la petición que presentó ante el Tribunal Superior de Cataluña el partido que preside Albert Rivera, solicitando la suspensión cautelar de la primera reunión del Consejo, pero que naturalmente no fue aceptada.

DICHO TODO lo anterior, se deduce que el Constitucional se ha escindido en dos mitades respecto al informe que ha presentado la magistrada y vicepresidenta Adela Asúa. En efecto, por una parte, hay una mayoría de seis magistrados que está a favor de anular por ser inconstitucional la Declaración del Parlamento catalán, mientras que, por el contrario, los otros cinco magistrados son partidarios de que sean los órganos políticos los que resuelvan el problema, ya que según ellos la declaración no tiene valor jurídico.

Sin embargo, al ser evidente que estamos ante un asunto en que España se juega su futuro como estado nación, creo que es necesario que haya una unanimidad de los once magistrados que componen hoy el Tribunal Constitucional. De ahí que para alcanzarla no es equivocado sostener que ambas posturas no están enfrentadas, sino que, por el contrario, ambas tienen razón. Tienen razón los que afirman que la Declaración es un acto parlamentario sin efectos jurídicos inmediatos. Pero también tienen razón los que opinan la tesis contraria, porque la realidad es que, si la Declaración parecía no tener efectos jurídicos inmediatos, sí ha tenido consecuencias jurídicas posteriores desde el momento en que se ha creado un órgano para dirigir la transición hacia la independencia y organizar las estructuras del nuevo Estado en que se quiere convertir a Cataluña. Una de ellas, que será inaugurada el próximo jueves, es concretamente la nueva administración tributaria de Cataluña.

En definitiva, si la Declaración no tiene entidad para ser impugnada, sí la tiene, en cambio, un órgano que se ha creado para romper la “indisoluble unidad de la Nación española” (artículo 2 de la Consitución), órgano, curiosamente, que parece permitir el Gobierno y que sufragan los propios españoles. Dicho de otra manera, a nadie que esté amenazado gravemente por un cáncer de pulmón, se le ocurriría seguir fumando cada vez más para acelerarlo. Pero así es España.

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