MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El sindicato CSI-F, mayoritario en el sector de Justicia, ha puesto en marcha una campaña con la participación de jueces, fiscales, alcaldes y grupos parlamentarios con el objetivo de detener 'in extremis' la "privatización" del Registro Civil.
CSI-F ha iniciado conversaciones con asociaciones de secretarios judiciales y también contempla tomar el pulso de los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), puesto que la reforma puede dejar en el aire, no solo la situación laboral de 3.500 empleados públicos, sino a los juzgados de paz.
Según informaron a Europa Press fuentes de CSI-F, el sindicato ha presentado este mismo lunes una carta en el Ministerio de Justicia dirigida a su titular, Alberto Ruiz-Gallardón, para pedirle una reunión urgente y que reconsidere su idea de entregar el Registro Civil a los registradores.
En su misiva, la central sindical expresa su "sorpresa e indignación" ante la posibilidad de que este servicio público pueda gestionarse como un "negocio privado". A su juicio, el ministro debe aclarar si los aranceles de los registradores repercutirán en el Registro Civil.
En todo caso, insta a Gallardón a apostar por un Registro Civil moderno y eficaz gestionado por los funcionarios de Justicia, mientras critica el "desprecio absoluto" hacia las propuestas de los sindicatos. "Supone un engaño a los ciudadanos. Parece claro que los Registradores de la Propiedad van a recibir una compensación económica, que va a salir del bolsillo de los ciudadanos", añade.
RECOGIDA DE FIRMAS Y MOVILIZACIONES
CSI-F y el resto de organizaciones sindicales se reunirán mañana para impulsar una estrategia contra la "privatización" del Registro Civil. Analizarán medidas de presión, como el impulso de una campaña informativa, una recogida de firma o la convocatoria de movilizaciones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) envió también una carta al presidente del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad, Gonzalo Aguilera, en la que pide que su colectivo rechace asumir esta competencia ya que no existe el necesario "consenso social".
"Los ciudadanos, además de pagar sus impuestos van a tener que volver a pagar por la prestación del servicio con una diferencia fundamental, que su dinero no va a ir a las arcas del Estado en beneficio de todos, sino al bolsillo de los Registradores de la Propiedad", recoge el texto.
