MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Abogacía del Estado avala la vía utilizada por la Audiencia Nacional al ejecutar la sentencia sobre la 'doctrina Parot' dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y considera que, aunque este fallo no tiene efectos "frente a todos", sí tiene un "valor interpretativo para supuestos o situaciones idénticas".
Así se lo han hecho saber los Servicios Jurídicos del Estado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, después de que admitiera la queja formulada por la asociación Dignidad y Justicia criticando la excarcelación "en un periodo de pocas semanas" de personas condenadas por delitos de extrema gravedad y reprobando que la sentencia sobre Inés del Río se hubiera extendido a otros supuestos, aunque no se tratara de una "sentencia piloto" ni hiciera mención a personas distintas de la recurrente.
Desde la Secretaría de Estado de Justicia, se informó de que la Abogacía del Estado decidió no impugnar la vía procesal utilizada por la Audiencia Nacional al parecerle "conforme con la jurisprudencia del Tribunal Supremo". Para los servicios jurídicos del Estado, la sentencia sobre la 'Parot' no tiene efectos 'erga omnes' - frente a todos-- si bien reconoce su "valor interpretativo a situaciones idénticas".
La Abogacía establece así un "doble baremo" entre quienes fueron condenados tras la sentencia del Supremo de 28 de febrero de 2006, que estableció la doctrina Parot, o para quienes se refundaron sus penas o aplicaron beneficios penitenciarios después de dicha fecha. En concreto, se ha opuesto a la excarcelación en cuatro casos en los procesos en los que está personada, "únicos en los que podía actuar".
DILIGENCIAS ARCHIVADAS SOBRE ACTOS DE ENALTECIMIENTO
Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha respondido que abrió diligencias de investigación en cuatro casos sobre actos de enaltecimiento o violencia callejera producidos tras el pronunciamiento de Estrasburgo. "En tres de ellas se acordó su archivo al no apreciarse la existencia de delito y la cuarta se encuentra judicializada al presentarse denuncia el pasado 16 de diciembre", ha precisado.
La Secretaría de Estado de Seguridad fue interpelada sobre las medidas de protección que se hubiesen adoptado tras las excarcelaciones. Desde un punto de vista técnico-operativo, ha informado de que se activaron "mecanismos específicos, llevados a cabo por los servicios de Información del Estado con el objetivo de reforzar la información disponible y los mecanismos de prevención y alerta temprana".
La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo puso además en marcha un plan de actuación para ofrecer atención especializada a las víctimas afectadas por las excarcelaciones. Interior también ha informado de las medidas legales impulsadas en materia de terrorismo.
Cita la reforma para hacer más "efectivo" el embargo de bienes de terroristas que no han satisfecho su responsabilidad civil o la introducción de unos requisitos "objetivos" para evitar que terroristas que no se arrepienten ni han pagado las indemnizaciones a las víctimas puedan beneficiarse de ayudas a los presos que han cumplido su condena. Además, alude al cambio de la ley electoral para posibilitar el voto en el País Vasco de quienes lo abandonaron por la amenaza terrorista.
La Secretaría de Estado de Seguridad recuerda también la reforma para que los condenados por terrorismo no sean altos cargos, así como la creación de un Centro de la Memoria de las Víctimas, con sede en el País Vasco, para preservar la "verdadera memoria y dignidad de las víctimas siendo expresión del reconocimiento de la sociedad española a su sacrificio".
