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Preferentes

Los juzgados valencianos registran más de 2.000 demandas por preferentes en un año y solicitan jueces de refuerzo

04/02/2014
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Los juzgados valencianos han registrado más de 2.000 demandas por preferentes en un año, lo que ha generado "problemas" en los juzgados de Primera Instancia y ha obligado a solicitar más jueces de refuerzo. Este se ha convertido actualmente en una de las principales preocupaciones junto al Orden de lo Social, que se encuentra "absolutamente sobrecargado".

VALENCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha puesto de manifiesto el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, en la rueda de prensa en la que ha presentado la 'Estadística de Registro y Reparto de Asuntos en la ciudad de Valencia. Año 2013', en la que ha afirmado que en general ha habido en 2013 una "clara tendencia a la baja" en cuanto al número de asuntos ingresados en los juzgados respecto al ejercicio anterior, aunque todavía se está "muy por encima" de los niveles de 2007, último año antes de la crisis.

Además, en la actualidad, ha comentado que hay "dos puntos oscuros" y "especialmente preocupantes": el primero, el "masivo" ingreso de demandas sobre productos financieros complejos, lo que se conoce como preferentes, "que ha afectado notablemente a los juzgados de Primera Instancia"; y el segundo, la situación "muy preocupante" de los juzgados de lo Social, que están "absolutamente sobrecargados y que son los que actualmente se encuentran en una peor situación en la Ciudad de la Justicia".

Respecto al asunto de preferentes, Viguer --quien ha insistido en que la inversión en Justicia es "fundamental" y en que hay que "descongestionar" el sistema-- ha expuesto que han entrado 2.002 demandas desde febrero de 2013, más las 272 registradas solamente en este mes de enero de 2014.

Esto significa --ha dicho-- que la mitad de los procedimientos de los juicios ordinarios --de cuantías superiores a los 6.000 euros-- que se siguen en los juzgados de Primera Instancia son procedimientos relacionados con las preferentes. En concreto, han ingresado en los juzgados 3.946 procedimientos ordinarios, de los que 1.900 corresponden a demandas por preferentes.

Este tipo de asuntos --preferentes--, a parte de que son los "más complejos", son los que requieren "mayor presencia judicial" y conllevan un doble señalamiento: la audiencia previa y el juicio. Esta proliferación de casos ha hecho que la agenda "se haya disparado", y mientras que en 2012 se señalaban los asuntos civiles a cuatro o cinco meses vista, ahora se señalan a 10 ó 12 meses.

Para paliar esta situación, Viguer ha explicado que se han incorporado dos jueces de apoyo a los juzgados de Primera Instancia: un juez de adscripción territorial y otro en comisión de servicio que entró la pasada semana. Aún así, hay solicitados dos magistrados de apoyo más, y falta la respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio.

El decano ha explicado que si no hubiera habido este "aluvión" de preferentes, los juzgados funcionarían ahora "bastante bien", pero las 2.000 demandas "han retrasado notablemente los señalamientos", ha reiterado. Preguntado por si la mayoría de estas demandas son contra Bankia, ha respondido que no dispone del dato, aunque "es posible que sí", ha dicho.

Sobre los juzgados de lo Social, ha explicado que en 2013 ingresaron 24.029 demandas, de las que 9.668 correspondieron a demandas de despido frente a las 3.976 registradas en el año 2007. Estos órganos judiciales pasan por una situación "preocupante" y suponen el "principal problema" junto con las preferentes, ha señalado el decano. Para poner soluciones, ha comentado que se han solicitado cuatro jueces de refuerzo.

Los jueces de lo Social --ha agregado-- ingresan un número de asuntos muy por encima de los módulos del CGPJ, que establecen que éstos tienen que tener entre 775 y 905 asuntos al año, y este año se han registrado 1.521, con lo que "prácticamente se duplican".

EN TOTAL, 221.912 ASUNTOS

En general, Viguer ha expuesto que el número total de asuntos ingresados en los juzgados valencianos ha sido de 221.912, de los que 39.154 corresponden a los juzgados de Primera Instancia; 7.739 a los de Familia; 5.529 a los de Contencioso-Administrativo; 24.029 a los de Social; 4.502 a los de Mercantil; 121.418 a los de Instrucción; 6.241 a los de Penal; 8.765 a los de Ejecutorias, y 4.575 asuntos en los de Violencia sobre la Mujer.

En Primera Instancia destaca que el número de ejecuciones hipotecarias ha descendido un 23,6% en 2013 respecto al ejercicio anterior, con un total de 1.284; en Mercantil, los concursos de acreedores han pasado de 904 a 838, lo que supone un descenso de asuntos del 7,3% y la ruptura de la tendencia al alza de los últimos años.

En el Orden Contencioso-Administrativo, se han registrado un 42% menos de licencias y contratación, "puede que relacionado con la crisis económica"; otro 16,10% menos en asuntos de urbanismo; y otro 65,7% menos en asuntos de materia laboral.

En los juzgados de Familia, destaca el descenso del 10% en las demandas consensuadas de separaciones y divorcios, mientras que las demandas no consensuadas con medidas provisionales han bajado un 3,7%, y sin medidas un 10,4%. Así mismo, han ascendido un 18,4% las demandas de modificación de medidas, "puede ser consecuencia del nuevo régimen de custodia compartida", ha comentado.

CORRUPCIÓN

Preguntado por si cree necesario adoptar medidas ante el incremento de asuntos de corrupción que ingresan en los juzgados, Viguer se ha remitido a las conclusiones de la reunión de jueces decanos de Sevilla de diciembre de 2013, en las que se planteaba la necesidad de apoyar de forma inmediata cualquier juzgado que llevara asuntos relacionados con corrupción; la creación de un cuerpo de policía judicial dependiente del juzgado o fiscalía; o la creación de un cuerpo de peritos contables para trabajar con los juzgados.

Interpelado por si considera que la instrucción de los casos de corrupción con aforados la podría llevar un juez de instrucción, tal y como planteó el anterior fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha dicho que éste es uno de los temas de debate, tanto social como jurídicamente, pero ha dicho que no se iba a decantar. No obstante, ha puntualizado que "cualquier juez de instrucción de España podría tramitar cualquier procedimiento penal porque tiene la preparación adecuada para ello".

Por último, preguntado por la incidencia de las tasas judiciales en los juzgados, ha comentado que pueden haber tenido una influencia en el descenso significativo de asuntos, especialmente en materia civil, contencioso y mercantil, aunque ha dicho que cree que ha sido menor de lo que se esperaba.

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