MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El informe, recogido por Europa Press, sostiene que pueden tomarse más medidas para "garantizar mejor que la labor de la Fiscalía es y aparenta ser imparcial, objetiva y libre de cualquier influencia o interferencia de cualquier fuente externa, así como para mejorar su autonomía funcional".
Así, en sus recomendaciones finales, pide --además de reconsiderar el nombramiento directo del Fiscal General-- establecer procedimientos legales claros para aumentar la transparencia de las comunicaciones entre el Fiscal General y el Gobierno y explorar vías para que la Fiscalía sea más autónoma en la gestión de sus medios.
En la misma línea, propone un código de conducta --accesible para el público-- para los fiscales, junto a una guía sobre conflictos de interés y desarrollar un marco legal para cuestiones disciplinarias en la Fiscalía, que cuente con las garantías necesarias y una supervisión independiente.
El Consejo de Europa da a España de plazo hasta el 30 de junio de 2015 para presentar un informe en el que detalle qué medidas ha tomado para avanzar en ésta y otras recomendaciones. El informe cubre también la actividad de jueces y parlamentarios y, entre otras medidas, aconseja también a estos dos colectivos dotarse de códigos de conducta públicos.
Además, propone evaluar las normas que rigen la elección y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "y sus efectos en su independencia real y percibida". El informe subraya la importancia de la independencia judicial especialmente coincidiendo con los casos de corrupción política y el aumento de percepción de la corrupción por parte de los españoles.
PERCEPCIÓN DE POLITIZACIÓN DEL CGPJ
Aunque el informe empezó a elaborarse a principios de 2012, incluye la última renovación del órgano el pasado noviembre para decir que no resolvió la percepción de "politización" que tienen los ciudadanos y, además, generó "amplio descontento" en la profesión.
El informe expresa "cautela" a la espera de ver si la última reforma mejora la independencia del CGPJ y recuerda que el Consejo Europa es partidario de que al menos la mitad de los jueces sean elegidos directamente por los propios jueces en un procedimiento abierto y democrático.
Y junto al CGPJ, aconseja introducir en la Ley Orgánica del Poder Judicial "criterios objetivos y requisitos de evaluación" para el nombramiento de jueces de 'alto rango' como presidentes de Audiencias Provinciales, y magistrados de Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, para garantizar que no hay "dudas de la independencia, imparcialidad y transparencia" de su elección. Según el Consejo de Europa, los nombramientos basados en méritos no encajan bien con la "discreción" a la hora de evaluarlos.
En lo relativo a los jueces, propone, por último, alargar el plazo de los procedimientos disciplinarios, que actualmente es de seis meses (frente a 12 para los secretarios judiciales) y se dan casos en que el Supremo ha anulado las sanciones por haber excedido el plazo los procedimientos.
FORMACIÓN SOBRE CONFLICTOS ÉTICOS PARA LOS DIPUTADOS
El informe dirige también recomendaciones a los parlamentarios, empezando por un código de conducta (igual que a fiscales y jueces) que oriente sobre cómo gestionar conflictos de interés, regalos, actividades complementarias e intereses económicos y medidas prácticas para aplicarlo, como actividades de formación y una asesoría "confidencial" sobre cuestiones éticas, entre ellas los conflictos de interés, que no están regulados.
Recomienda también trazar una "línea clara" sobre qué regalos se enmarcan en los usos sociales, según terminología de la Ley de Transparencia.
Asimismo, aconseja crear normas sobre la relación de los parlamentarios con 'lobbies' y otros actores que buscan influir en la elaboración de las normas --el documento constata que en España los 'lobbies' profesionales son pocos pero cita en cambio a empresas y asociaciones empresariales--.
Al Parlamento le propone también mejorar las declaraciones de bienes y actividades de sus miembros para hacerlas más detalladas y tomar medidas para que esta información se comunique adecuadamente, incluso poniéndolo en manos de un órgano externo al Parlamento para no dar la impresión de que éste es 'juez y parte' en lo que se refiere a sus miembros.
En las declaraciones de bienes, el informe sugiere que incluyan información sobre el valor de mercado de sus propiedades inmobiliarias y vehículos, los nombres de las empresas en las que tienen acciones y los tipos de interés que pagan por sus créditos, así como regalos o viajes patrocinados a los que hayan asistido y dinero percibido por otras actividades.
Para prevenir el fraude, apunta que incluso podría pedirse información sobre los cónyuges y familiares dependientes de los parlamentarios, aunque esa información no tendría necesariamente que ser pública.
