MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
De hecho, el Pleno del Alto Tribunal tiene previsto fijar la próxima semana cuál será su forma de actuación tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, que anuló la aplicación retroactiva de la 'doctrina Parot'.
En concreto, los magistrados estudiarán el recurso presentado por el miembro del 'comando Araba' de la banda terrorista ETA Ignacio Fernández de Larrinoa.
Fuentes del TC han señalado a Europa Press que las consideraciones que el Pleno establezca en este caso serán tomadas en cuenta por las dos Salas que integran el tribunal de garantías, evitando con ello disparidad de criterios respecto de otros recursos de presos a quienes se ha aplicado la 'doctrina Parot', ideada por el Tribunal Supremo en el año 2006.
La gran mayoría de los recursos de este órgano han sido presentados por presos de ETA, aunque también tiene pendiente de resolución el de un condenado por coacciones y detención ilegal en Valencia y el interpuesto por un asesino de Albacete, según fuentes consultadas por Europa Press en el tribunal de garantías.
RECURSO DE LA PRÓXIMA SEMANA
En agosto de 2012, la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional rechazó el escrito presentado por el abogado Iñigo Iruín en el que se solicitaba la excarcelación de un total de 16 presos de ETA a los que se les ha aplicado la "doctrina Parot", y entre los que se encontraba Ignacio Fernández De Larrinoa.
Este miembro de ETA fue detenido el 16 de septiembre de 1989 por su relación con el "comando Araba", en una operación policial que supuso la desarticulación de tres comandos de ETA, con un balance final de 49 personas detenidas de los que 33 ingresaron en prisión por orden del juez.
La detención se produjo tras un enfrentamiento con agentes de la Guardia Civil, en la autopista Bilbao-Behovia, donde murieron los etarras Juan Oyarbide Aramburu "Txiribitas" y Manuel Urionabarrenechea Betanzos "Manu".
En noviembre del 1990, Ignacio Fernández de Larrina fue juzgap y condenado a 15 años de reclusión por el atentado cometido el 26 de julio de 1989 contra la Casa Cuartel dela Guardia Civil de la localidad alavesa de LLodio. En el mismo mes fue condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del general retirado Luis de Azcarraga, ocurrido el 27 de marzo de 1988 en Salvatierra.
Un año después, la Audiencia Nacional le condenó a una pena de 85 años de prisión, por el atentado cometido contra un vehículo, en agosto de 1987, en el que fallecieron dos funcionarios de este cuerpo.
