SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción considera que la conclusión de la investigación judicial por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía "no está ni mucho menos cercana" dada "la amplitud y complejidad de los hechos" investigados, por lo que considera necesario "ir delimitando los hechos y sus partícipes".
Así se pronuncia el Ministerio Público días después de que, en el auto por el que volvía a citar como imputada a la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, la juez Mercedes Alaya aseverara que "el final de la instrucción no está lejos, más bien lo contrario".
En un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, consultado por Europa Press, la Fiscalía solicita una serie de diligencias que, a su juicio, "deben de ser practicadas de forma inmediata", pues se trata de oficios y requerimientos "que no suponen un excesivo trabajo para la oficina judicial y que pueden arrojar información útil para el avance de la instrucción".
En este sentido, asevera que, aunque la instrucción alcanza ya los tres años, "la amplitud y complejidad de los hechos que se investigan hacen esperar que no esté ni mucho menos cercana su conclusión y que sea necesario ir delimitando los hechos y sus partícipes para permitir articular la causa conforme el artículo 762 6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin llegar a comprender en qué medida afecta su solicitud y práctica al contenido del auto de 31 de octubre", en el que la juez señaló que el fin de la instrucción "no está lejos".
NUEVAS DILIGENCIAS
En este escrito, la Fiscalía vuelve a reiterar la conveniencia de "seguir investigando" los cobros "realizados por las asociaciones sindicales y empresas vinculadas", punto en el que hay que recordar que las empresas vinculadas a UGT-A y CCOO-A llegaron a percibir un montante total de 7,6 millones de euros por parte de las mediadoras de las pólizas.
A juicio del Ministerio Público, "es necesario seguir investigando no sólo para averiguar si los mismos --cobros-- se han podido producir en otros expedientes de ayudas mediante facturación a empresas beneficiarias, sino también para delimitar la participación de las distintas entidades sindicales y asegurar, en la medida de lo posible, el aporte de una documentación por éstas que debe de ser contrastada en fase de instrucción, evitando así la posibilidad de encontrarnos en fase de enjuiciamiento con prácticas de prueba testifical y documental de difícil contraste en dicha fase".
De este modo, insiste en que se requiera a la representación de las empresas perceptoras de dichos pagos "para que aporten al Juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada --factura a factura--, con indicación de los trabajos --duración, lugar o periodo-- y personal empleado".
INFORMACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL
Asimismo, la Fiscalía pide recabar del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de una serie de sociedades, como son Atlantis Asesores S.L., Atlantis Correduría de Seguros y Consultora Actuarial S.A., Temiqui S.A., e ITG Industria de Técnica y Gestión S.L., tanto la hoja registral como las cuentas anuales depositadas entre 2001 y 2012.
Al hilo, solicita que se oficie a la Agencia Tributaria "para que facilite las declaraciones correspondientes al impuesto de sociedades y declaraciones de operaciones con terceros de las sociedades reseñadas", así como oficiar a la Oficina Pública de Depósito de Estatuto, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, "para que remita certificación relativa a las asociaciones sindicales, federaciones o confederaciones constituidas por CCOO y UGT, bien de ámbito estatal bien de ámbito autonómico andaluz".
Por otro lado, y en relación a las sociedades Cespa y FCC Medio Ambiente, Anticorrupción señala que "en reiteradas ocasiones se ha posicionado en el sentido de entender que las personas que han actuado como administradores o en representación de sociedades perceptoras de fondos públicos que son objeto de la presente actuación han de ser oídos en calidad de imputados si de forma indiciaria se deduce un conocimiento y participación necesaria en la tramitación de los pagos efectuados" por la Dirección General de Trabajo, y ello "sin perjuicio de la posible justificación de la finalidad del dinero recibido, pues en todo caso se percibió sin sujeción a procedimiento alguno".
Por ello, y refiriéndose a Cespa y FCC Medio Ambiente, la Fiscalía pide a la juez Alaya un "pronunciamiento expreso sobre la imputación o no en el estado actual de la instrucción y traslado en concepto de responsables civiles a las sociedades" mencionadas.
Por último, indica que, como consecuencia de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil el pasado mes de octubre, los agentes tomaron declaración en calidad de detenidos o imputados "a personas contra las cuales, a la fecha de confeccionar el presente escrito, no se ha formulado imputación judicial", por lo que solicita a la magistrada que "formule imputación judicial contra aquellas personas que, o bien fue detenida y puesta en libertad --cita el caso de Juan Manuel Casado, que prestará declaración ante la juez el próximo día 22-- o bien se le tomó declaración policial en calidad de imputado sin previa imputación judicial".
