PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)
Camps se acogerá de este modo al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir Barberá-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".
Junto a ambos están citados en la Ciudad de la Justicia de Valencia, en su caso el día 15, el diputado, exconsejero de Economía de la Generalitat y expresidente de Ciudad de las Artes y las Ciencias Gerardo Camps (18.30 horas), y la exdirectora gerente de la Sociedad Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana Patricia Corrons (19.30).
Ya el día 16, están citados la exsecretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat Ana Brusola (9.30 horas); el exjefe de la asesoría jurídica de Presidencia José María Olano (10.00); la exinterventora de la Generalitat Irene Chova (10.30 horas); el interventor de la Copa América Luis Lobón (16.30); el empresario que constituyó varias de las entidades investigadas en esta causa (17.00); el notario Carlos Masiá (18.00), y el excontable de Nóos, en su caso como imputado, Luis Tejeiro (19.00).
En concreto, Camps y Barberá deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
Manos Limpias pidió la declaración como testigos de Camps y Barberá después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
