OVIEDO, 06 (EUROPA PRESS)
Lo ha anunciado este miércoles en declaraciones a los medios el presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez-Cascos. El gobierno autonómico que presidió entre 2011 y 2012 fue el que presentó este recurso, por considerar ilegal la suspensión de estos pagos que, en la suma total de todos los convenios, superarían los 213 millones de euros.
Ahora el juzgado estima la sentencia, si bien lo hace en parte. No obliga al Gobierno central a abonar al completo los 213 millones de euros, sino a estudiar convenio por convenio, y determinar la cantidad correspondiente.
Esto es porque, según ha explicado Cascos tras estudiar la sentencia, el fallo rechaza que la falta de disponibilidad presupuestaria, argumentada en su día por el Ministerio de Industria, fuera motivo de nulidad del abono, porque "no suponen una imposibilidad económica sobrevenida para el pago de las cuantías acordadas", señala Cascos, refiriéndose a la decisión judicial.
No obstante, sí acepta el fallo que en caso de aquellos convenios en los que se han presentado solicitudes fuera de plazo, pero sus obras ya estén parcial o totalmente ejecutadas, se revise el pago, pero en ningún caso se elimine la totalidad de la subvención.
Así, ha señalado Cascos que la sentencia obliga al Gobierno de Rajoy a financiar estos convenios, y que la determinación de las cantidades se hará caso por caso, atendiendo en el Instituto del Carbón a la Administración autonómica para aquellas obras que sean de su competencia, así como a los ayuntamientos implicados: Aller, Caso, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Langreo, Riosa, Laviana, Lena, Mieres, Morcín, Oviedo, Ribera de Arriba, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Teverga y Tineo.
El Ayuntamiento de Langreo, recuerda Cascos, se personó como parte en esta demanda. "Ahora entre el Gobierno del Principado, los ayuntamientos y la colaboración de los partidos que lo estimen, estaremos dispuestos a hacer las reclamaciones de las cantidades que correspondan", ha señalado Cascos.
Para el expresidente autonómico, ha señalado que el Principado "tiene sus propios servicios jurídicos y sabrá lo que tiene que hacer" para efectuar la reclamación de los pagos. "En todo caso", ha recalcado Cascos, "la sentencia establece que el Instituto del Carbón debe dar audiencia al Principado y a los Ayuntamientos".
"Los convenios son un compromiso bilateral, que no se puede romper unilateralmente, y la decisión del primer consejo de ministros del Consejo de Rajoy quebró la lealtad institucional", ha concluido.
