UNA JUSTICIA SIN PROCURADORES
Dice un viejo refrán francés que la naturaleza tiene horror al vacío. Significa que, cuando se produce algún vacío, hay siempre algo o alguien que viene a rellenarlo. El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado el 2 de agosto por el Consejo de Ministros viene a poner en situación de inminente peligro la eficacia de la profesión de procurador de los Tribunales y, por ende, el ya de por sí lento y deficiente funcionamiento de la Justicia española. Bien es cierto que, para una parte muy importante de la sociedad, los procuradores somos unos grandes desconocidos. Pero no es menos cierto que, para la que nos conoce, nuestra intervención profesional se hace imprescindible.
¿Saben ustedes que los Tribunales producirán este año millones de resoluciones que se convertirán en 80 millones de notificaciones a las partes de los procesos judiciales? ¿Y saben que esos 80 millones de notificaciones se gestionan a través de los procuradores y sus Colegios, con una incidencia de problemas del 0,002%? De no poder hacerse las notificaciones al instante (los procuradores estamos obligados por ley a recogerlas diariamente y darle traslado a los abogados y a las partes), las dilaciones en los procesos se multiplicarían hasta el infinito.
Existe una comprensible preocupación y gran inquietud entre los procuradores porque el anteproyecto del Gobierno trae como consecuencia la desaparición de su reserva de actividad en la representación procesal, lo que significa que desaparece también la incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía. La consecuencia inmediata es que ya no serán los procuradores quienes exclusivamente, como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, tramiten esos 80 millones de notificaciones.
Los servicios de notificaciones están gestionados por los 67 Colegios de Procuradores, que abarcan, con sus correspondientes delegaciones, todo el territorio de nuestro país, a coste cero para la Justicia y los ciudadanos, ya que dichos servicios son sufragados por nuestra profesión. ¿Y qué va a ocurrir ahora si el texto legislativo sale adelante en sus términos actuales? Pues que otras profesiones, y muy especialmente la abogacía, tendrían que hacerse cargo, también, de estos servicios, así como las propias Administraciones Públicas, sean de ámbito estatal (Ministerio de Justicia) o autonómico (consejerías de Justicia). Ello traería consigo un incremento de los costes para la ciudadanía y más dilaciones para los justiciables. Hasta que los nuevos servicios de notificaciones, ya no gestionados por los procuradores, estuvieran operativos y a pleno rendimiento, pasarían años en los que la Justicia se vería notablemente deteriorada y acumularía retrasos sobre retrasos. Piénsese que el sistema de notificaciones de los Tribunales a los procuradores es el más avanzado de Europa (el Gobierno ha recibido recientemente un premio por ello) y estos cambios nos retrotraerían a sistemas de 30 años atrás.
Los procuradores hemos enarbolado siempre la bandera de la modernidad. Nos hemos adaptado a los cambios sociales. Cualquier procurador de España y cualquier Colegio de Procuradores cuenta con la más avanzada tecnología. En aras de la libertad de mercado, que nosotros también preconizamos ¿sería sensato sustituir un sistema experimentado y que funciona perfectamente por otro nuevo al albur de indeterminados acontecimientos? Entiendo que esa es la pregunta que debe formularse cualquier ciudadano y, mucho más aún, el Ministerio de Economía, al que, como siempre, ofrecemos el mejor espíritu de diálogo.
