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Tasas

Justicia ve "clichés" en las tasas, no privatizará el Registro Civil y sitúa el número de jueces en la media europea

30/10/2013
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Dice que no se trata de compensar a notarios o registradores y que están "completamente fuera de lugar" las referencias personales a Rajoy

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha considerado que existen "muchos clichés" en torno a la ley de tasas judiciales, ha negado que den lugar a una Justicia de "dos velocidades" y ha destacado que no serán derogadas por el Gobierno. Además, ha rechazado cualquier afán de "privatizar" el Registro Civil y ha situado el número de jueces en la media europea.

El 'número dos' de Justicia ha analizado en la Comisión de Justicia del Senado varias de las cuestiones que afectan a la Administración de Justicia a las numerosas preguntas que le ha formulado el parlamentario del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.

De este modo, Román ha recalcado que el Gobierno no tiene previsto derogar la ley de tasas porque parten de un "esquema plenamente aceptado por el Tribunal Constitucional" y ha defendido que el Gobierno no ha creado, sino que ha "actualizado", estos gravámenes. "No creo que existan dudas de que impida el acceso a la tutela judicial efectiva", ha añadido.

Ha puesto especial énfasis en que la Defensora del Pueblo, Soledad Jiménez-Becerril, no ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad contra las tasas, al tiempo que ha recordado que el Gobierno aprobó un real decreto-ley para corregir ciertos aspectos. "Es evidente que no va a haber una Justicia de dos velocidades. Se trata de establecer un sistema que esa sostenible", ha remachado.

INTERESES CORPORATIVISTAS

Al ser cuestionado sobre si el Gobierno primará intereses corporativistas de notarios y registradores en la Ley de Reforma Integral de los Registros y sobre la idea de que notarios celebren bodas, el secretario de Estado se ha limitado a responder que se han barajado "múltiples alternativas" pero que "a día de hoy no existe ningún anteproyecto que suponga una postura oficial".

"Todo lo que ha venido a hacer se sustenta sobre una falacia. No hay una idea asumida oficialmente por el Gobierno", ha replicado Román, antes de añadir que que las referencias personales sobre la profesión de Mariano Rajoy o altos cargos de Justicia "están completamente fuera de lugar". "No se trata de compensar a notarios o registradores de la propiedad o mercantiles ni se trata de privatizar nada. Todas esas afirmaciones parten del vacío", ha agregado.

Román ha dado la bienvenida a que las reformas logren el máximo consenso de los operadores jurídicas pero ha discrepado con que "solo se puedan aplicar si gozan de la aceptación natural de los destinatarios". "Ojalá todas contaran con su consenso, pero si no fuera así no podemos abdicar de nuestra obligación de solucionar problemas de la Justicia", ha apostillado.

REDUCCIÓN "ESPECTACULAR Y BRUTAL" DE LOS ASUNTOS EN EL TS

En cuanto al déficit de miembros de la Carrera Judicial, Román ha aludido a los últimos datos de la Comisión Europea para exponer que no resulta "preocupante" el ratio de 21 jueces por cada 100.000 habitantes al encontrarse España en el "nivel medio" de Europa.

A su juicio, más que un problema de número de togados, se trata de organizar los recursos de forma eficaz y de que colectivos "altamente cualificados" como secretarios judiciales puedan ayudar a evitar "tiempos de respuesta excesivamente largos". Ha abogado así por reajustar el reparto de carga de trabajo para que no haya juzgados unipersonales que están "hasta arriba" y otros que no llegan a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial.

Román, que ha apostado por las nuevas tecnologías y por potenciar la oficina judicial y fiscal, ha puesto de relieve el "espectacular vuelco" y la "mejora brutal" registrada en la reducción de los asuntos del Tribunal Supremo, que ha pasado de tener más de 40.000 asuntos pendientes en 2005 a 16.000 en 2013, y que ha atribuido al refuerzo del Gabinete Técnico y la colaboración entre el alto tribunal, el Ministerio y el CGPJ.

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