SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
De este modo, Almenar ha criticado "la tardanza" en la instrucción de determinadas causas, que conlleva que "a ojos de la opinión pública", aunque finalmente haya una condena, ésta "ya no sirve para nada", pues ha "dado una sensación de impunidad" que "no tiene ningún efecto de corrección" por el tiempo transcurrido.
Por eso, defiende que "es necesario adoptar alguna reforma legal, que tampoco tiene que ir muy allá" para "restringir el régimen de recursos internos durante la fase de instrucción al momento que finalice la instrucción".
De esta manera, durante la instrucción "únicamente deben admitirse recursos que afecten a la situación personal del interesado, prisión o libertad, y cualquier otro tiene que esperar al final".
Para ello, propone como vías relevar a los jueces de "cualquier otro tipo de materias" que le quiten tiempo sobre esta instrucción, para "sacarla adelante en un plazo razonable". Según ha dicho, en esta línea "se han adoptado medidas en Orense y en Lugo, y con respecto a este último, para que en un plazo inferior a 12 meses estén los dos asuntos que se están llevando completamente terminados".
Junto a la dotación de más medios, "son necesarias reformas" que agilicen el proceso de instrucción, y "plantear si proceden plazos concretos" para cada tipificación, que sólo "puedan prorrogarse en situaciones excepcionales y justificadas". De esta manera, transcurrido un plazo si no se encuentran "causas para imputar algo a alguien" el asunto "tendrá que cerrarse".
Asimismo, ha arremetido contra el secreto sumarial y ha pedido cambios, ya que "no está pensado para la sociedad actual", pues se da a conocer por las partes interesadas a los medios "a los dos segundos" de hacer una declaración, de forma que "atenta contra los derechos fundamentales" y produce "una Inquisición general".
IMPUTADO
En lo tocante a la figura de imputado, Almenar ha subrayado que "se ha tergiversado el concepto" de lo que "era una mecanismo de defensa", según ha dicho, "también con gran colaboración de los medios de comunicación", de manera que "basta que se admita una querella para que se ponga en la picota al político de turno".
Para solucionarlo, Almenar cree que con el sistema actual de juez de instrucción, "la única vía que se tiene" es que "dar la calificación jurídica de imputado" no se haga hasta que haya "un auto judicial de imputación en el que se imputen hechos concretos susceptibles de ilíticito. "Hasta entonces no hay imputación ni hay nada", ha apostillado.
Según ha explicado, porque, "si no, en la prensa" cuando hay una imputación: "Te pone un rosario de delitos, ¿pero qué hechos?, porque puestos a sacar delitos podemos empezar desde el principio del Código Penal hasta el final".
Así, se ha mostrado partícipe de que se aplique a los políticos el modelo de los jueces, en el que si se trata de un delito que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, "lo que se hace es esperar a la imputación real", cuando haya "un escrito de acusación del Ministerio Fiscal", de forma que "no baste con la denuncia". "Busquemos algo parecido para el político, porque no tiene que haber distinciones en esa materia", ha apostado.
A esto se ha referido Almenar en la comisión, después de que el diputado socialista José Luis Méndez Romeu haya criticado "la dilación de la instrucción" que se da en muchos procesos, así como la aplicación del secreto sumarial; y tras la afirmación del diputado popular Alberto Pazos Couñago en la que ha lamentado que: "Imputado ha pasado a ser una precondena".
"CÁNCER QUE CONTAMINA"
Así las cosas, Almenar se ha referido a la corrupción como "un cáncer que contamina a la sociedad". "En tiempos de bonanza, empezando por los jueces parece que somos más tolerante e indulgentes con determinadas cuestiones", ha censurado sobre esta problemática.
Una realidad que han criticado tanto la diputada del BNG Ana Pontón, como el diputado de AGE Xabier Ron, quien ha recriminado como algo "terrible" que "cuando había que actuar no se actuó".
En su intervención en la Cámara gallega, Almenar ha explicado en el ordenamiento jurídico español "no hay un concepto claro de corrupción", sino que se basa, principalmente, en la convención contra la corrupción de Naciones Unidas de 2003.
Así, se ha valido de esta cuestión para reprochar que existe un tipo de corrupción que, aunque no es penal, "no quiere decir que éticamente sea asumible". Por este motivo, Almenar considera que "corrupción es cualquier actuación que pervierte determinados principios constitucionales".
CAUSAS DE CORRUPCIÓN
En su análisis de la corrupción, este vocal del Poder Judicial ha identificado que "el 90 por ciento" de los casos vienen derivados de prácticas administrativas perniciosas en materia de contratación y ordención de empleo público, subvenciones y adjudicaciones, así como incentivos fiscales, entre otros.
A la hora de identificar las causas, se ha referido a "la relación directa" entre aumento del intervencionismo, la discrecionalidad como "técnica para impedir el control", los tecnicismos del lenguaje judicial que "grupos o castas utilizan" para dar lugar a "la confusión" y la variedad de interpretaciones, "aprovechadas siempre por los mismos".
El término "castas" ha sido también el que ha utilizado Almenar a la hora de referirse a cómo la Administración pública "debería funcionar mucho mejor", puesto que se heredó del franquismo un grupo de profesionales en diversos ámbitos "renuentes a la modernización", que abundan en el deterioro de la calidad y "en la pérdida de confianza" de la sociedad hacia instituciones.
Por ello, critica que en la Adminstración se "pospone el mérito por la afinidad, mientras se fomentan las jubilaciones "en masa", así como "la contratatación de interinos sin límite", que no ayuda, según él, a avanzar en la cultura democrática. Además, ha criticado "la atomización" que da lugar a entes "intermedios y opacos" con un consecuente "neocaquismo".
En concreto, ha puesto sobre la mesa la crítica a "la permeabilidad" de las administraciones hacia tratos de favor o presiones de 'lobbies', que "no es sancionable, pero participa de esa idea de corrupción".
Aunque, ha asegurado que "gran parte del problema" de la corrupción "gira alrededor de la administración", apuesta por "la participación ciudadana" para atajarla.
REMEDIOS
Entre los remedios que ha dado Almenar para combatir la corrupción ha destacado que "no se necesitan grandes reformas", sino que "se aplique el ordenamiento" vigente.
En esta línea, ha propuesto: reforzar entes como los tribunales de cuentas, "poner cerco a la partitocracia", "regular 'lobbies' o llevar a cabo la Ley de Transparencia. Todo ello, en base a "valores constitucionales".
Al respecto, ha pedido "interiorizar" la lucha contra la corrupción, que cree no se ha conseguido "hacer todavía", de manera que haya "una tolerancia cero" a través de "una labor pedagógica" como se ha producido en lo últimos 30 años contra la violencia machista, según ha apuntado.
Además, ha abogado por: poner "más dificultades" para cambiar del mundo público al privado en pro de evitar incompatibilidades, así como fomentar la transparencia del acceso a información "clave y sencilla" a la ciudadanía.
