MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
En la actualidad, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre la inmigración, por lo que es el Gobierno quien concede los permisos de residencia. Sin embargo, como las comunidades autónomas tienen competencias en la ejecución de la normativa laboral, pueden asumir la concesión de las autorizaciones de trabajo, como es el caso catalán.
Así, cuando un extranjero quiere residir y trabajar en Cataluña tiene que, por un lado, solicitar un permiso de residencia al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y, por otro, un permiso de trabajo a la Generalitat de Cataluña, es decir, dos autorizaciones para "un único acto administrativo".
Según recoge el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, es necesario revisar la legislación para modificar este sistema, ya que "impide tener una visión global de la política de admisión, introduce barreras a la unidad de mercado y supone la existencia de duplicidades horizontales al obligar a los interesados a solicitar ampliación del ámbito territorial para desarrollar, por ejemplo, una actividad por cuenta propia en más de una Comunidad Autónoma".
El texto argumenta además, que el sistema actual, que "incrementa las cargas burocráticas", no es compatible con la Directiva Europea 2011/98/UE que España debe adoptar antes del mes de diciembre y según la cual, debe haber "un único procedimiento para la concesión de un único acto administrativo que combine permiso de residencia y trabajo".
Este mandato europeo establece la obligación de que se designe la Autoridad competente encargada de recibir las solicitudes y expedir el permiso, sin perjuicio de las funciones de informe de otras autoridades y es por eso que el Gobierno va a optar por la fórmula del permiso único "sustituyendo" la hasta ahora preceptiva autorización de trabajo "por un informe de la autoridad laboral autonómica", conforme explica el informe.
CRITERIOS DE INTEGRACIÓN ÚNICOS EN TODO EL PAÍS
No es el único cambio en materia de inmigración que se sugiere en el trabajo de la Comisión, que prevé una reforma de la Ley de Extranjería que fijará "criterios comunes" para la integración de los inmigrantes en todo el territorio nacional, aunque no concreta cuáles serán los estándares, y delimitará el papel que en la misma juega cada administración pública.
"La falta de un marco legal que desarrolle una política nacional, más allá de lo que han sido los planes estratégicos, ha derivado en una falta de coordinación entre las tres Administraciones, una confusión en el reparto de competencias e incluso en conflictos competenciales", explica, en relación a las políticas de integración de extranjeros.
Según afirma, "se está produciendo una divergencia de las condiciones de acceso de los extranjeros no comunitarios a los distintos servicios, así como en los requisitos cuyo cumplimiento permite la permanencia
en territorio nacional".
Por eso, considera que "resulta conveniente enmarcar estos criterios y actuaciones en una política nacional de integración, siempre con la perspectiva de una mejor inclusión en la sociedad de acogida y no sólo en el marco de la provisión de asistencia social específica para esta población migrante".
El informe se refiere también en este apartado a la cuestión competencial, ya que la asistencia social es labor de las comunidades autónomas, y argumenta que el Tribunal Constitucional, en su fallo sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, estableció que estas competencias autonómicas para la asistencia "no relegan la competencia exclusiva que el Estado ostenta en materia de inmigración".
SE SUPRIMEN 16 OBSERVATORIOS
Asimismo, en línea con las medidas propuestas para otros ámbitos de la Administración, el informe se refiere a los observatorios en materia de extranjería creados en 13 comunidades autónomas y tres universidades y propone que sus funciones sean asumidas por el Observatorio Estatal en la materia, aunque deja en manos de la Conferencia Sectorial de Inmigración la decisión final al respecto.
Según el informe, esta medida se propone por la necesidad de "simplificar estructuras administrativas mediante la supresión de aquéllas que se revelan carentes de valor añadido y la conveniencia de desarrollar una política integral de inmigración donde concurren competencias de todos los niveles administrativos y con repercusión en todo el territorio nacional".
En esta línea, el informe recoge la asunción de las funciones de los Observatorios de Madrid y el Comité Extremeño contra el racismo, xenofobia e intolerancia por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, porque considera que "supondrá disminución del gasto público y simplificación funcional y administrativa".
