El objeto final de este reglamento es unificar criterios y establecer un marco normativo único que compagine unos principios fundamentales que garanticen una alta protección de los datos personales en todo el territorio de la UE con unas condiciones de seguridad homogéneas para su libre circulación.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado durante la reunión que “esta reforma contribuirá no solo a proteger de forma más eficiente la privacidad de nuestra ciudadanía, dando una adecuada respuesta a los nuevos desafíos de una tecnología en continua evolución, sino también a fortalecer el mercado único y a generar mayor desarrollo y bienestar”.
Al mismo tiempo que se defiende una mayor protección de los datos, el titular de Justicia ha abogado, como ya hizo en el último JAI de marzo, por buscar la fórmula más adecuada para que este proyecto no suponga una carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas que dificulte su correcto desarrollo y crecimiento. Asimismo, Ruiz-Gallardón ha solicitado que las instituciones europeas adecuen el reglamento sobre protección de datos por el que se rigen desde 2001 a la normativa que se aplicará sobre los países miembros para evolucionar todos en la misma dirección.
El Reglamento mejorará también los estándares de transparencia para el acceso público a documentos oficiales y establecerá modelos de seguridad que tipifican las diferentes categorías de riesgos. También prevé un mecanismo de flexibilidad que permite adaptar la regulación a la complejidad del sector público. En este paquete legislativo se integra la propuesta de Directiva sobre protección de datos personales en el ámbito de la cooperación judicial y penal.
Lucha contra el fraude
Durante la reunión de trabajo, los ministros también han estudiado la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la UE por medio del Derecho penal, con el objetivo de tipificar y sancionar los delitos cometidos contra los ‘activos’ y fondos de la UE, así como regular detalladamente los plazos de prescripción de las penas y la ejecución de las mismas.
Asimismo, los responsables de Justicia europeos han abordado las conclusiones sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho y sobre el informe de la Comisión referido a la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2012, uno de los ejes principales de trabajo durante la actual presidencia irlandesa de la UE. En el documento se destaca la necesidad de dar prioridad a la observancia de la Carta de Derechos Fundamentales tanto a nivel comunitario como nacional, incluyendo los procesos legislativos, y se establece un mecanismo de debate y seguimiento anual de la aplicación de la misma. Se insiste también en que el respeto al Estado de Derecho es un prerrequisito básico para la adecuada protección de los derechos fundamentales y se plantea un debate sobre la necesidad de desarrollar nuevos métodos e iniciativas para proteger mejor los valores fundamentales de la Unión recogidos en el artículo 2 del Tratado, en particular los Derechos Fundamentales y el Estado de Derecho.
