El consenso sobre la necesidad de acometer una reforma fiscal en España es más que notable. La sugiere Bruselas, la maneja el Partido Socialista en sus documentos estratégicos, la declara el expresidente Aznar y la reconoce el Gobierno central. El problema es la concreción de los cambios. Porque hay posibles reformas de intensidad muy diversa y con planteamientos muy diferentes, en los objetivos finales que se prioricen. Vayamos por partes.
En España tenemos un grave problema con el fraude fiscal. Dedicamos muy pocos recursos humanos y financieros a la gestión tributaria y a la inspección, y tenemos una cultura tributaria deficiente en general, que no castiga en su justa medida el incumplimiento. En ambas cosas estamos claramente por debajo de la media europea. Y este es el primero de los frentes sobre los que hay que actuar. Tenemos un margen de mejora enorme. Gobierno y oposición deberían cerrar un pacto amplio y ambicioso al respecto.
En segundo lugar, en España sabemos mucho de parches y remiendos. Pero no es eso de lo que hablamos. Una reforma fiscal no se puede sustanciar en subir dos puntos en un impuesto y eliminar una deducción en otro, o viceversa. Hay que abordar una reforma integral, que trate al sistema fiscal como lo que es: un sistema. La equidad, la eficiencia, la capacidad recaudatoria, la simplicidad administrativa deben satisfacerse mediante el conjunto de figuras tributarias y no de forma parcial. Por ejemplo, existen impuestos muy recomendables por su eficiencia, como los que gravan la energía, pero que pueden resultar regresivos. Por eso hay que acompañarlos de otros muy progresivos, que garanticen una distribución justa.
A la hora de concretar lo anterior, es evidente que la probabilidad de consensuar se reduce. La ideología pesa a la hora de priorizar unos u otros objetivos. La incidencia en la equidad y la suficiencia recaudatoria para sostener elevados niveles de gasto es tradición para los partidos de izquierda. Luchar contra la ineficiencia y los desincentivos, caballo de batalla de los partidos en la derecha. Por eso no es posible ni probablemente necesario alcanzar un acuerdo general para la reforma fiscal. Pero sí existen algunos elementos sobre los que podríamos avanzar conjuntamente, además de en materia de lucha contra el fraude. A continuación apunto algunas sugerencias que se manejan en los foros de expertos y que parecen razonables.
Partiendo de los tipos impositivos actuales en el IRPF y el impuesto sobre sociedades, deberíamos plantearnos una significativa rebaja de los mismos, compensada por un recorte en deducciones y bonificaciones diversas. Podemos y debemos reducir sustan-
cialmente el ámbito de aplicación del sistema de módulos en IVA e IRPF, porque genera inequidad entre contribuyentes y pérdida de recaudación; y porque hoy la extensión del método de estimación directa es posible gracias a las herramientas informáticas. La llamada tributación verde y la fiscalidad sobre la energía son caminos poco transitados hasta la fecha. Su regresividad podría ser recompensada por una revitalización de la tributación sobre la riqueza, por ejemplo. En cambio, las subidas del IVA han sido muy fuertes en poco tiempo y no hay que perder de vista los graves problemas de fraude en este ámbito, que serían agravados con incrementos adicionales; así como la crisis de consumo por la que atravesamos.
