MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Valsaín para la Promoción y Defensa de los Valores democráticos han suscrito un convenio de colaboración con la finalidad de promover la mediación en el ámbito de lo Contencioso para resolver aquellos conflictos que los particulares puedan tener con la Administración.
El órgano de gobierno de los jueces cumple así el compromiso que adoptó al inicio de su mandato de introducir la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales, después de haberse implantado ya en la vía penal, social y civil.
El convenio, que ha sido suscrito este martes por los vocales Margarita Uría y Antonio Dorado y por el director del Centro de Estudios de la Fundación Valsaín para la promoción y defensa de los valores democráticos, Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado, es pionero en el ámbito de lo Contencioso y permite realizar los estudios necesarios para poner en práctica pruebas piloto previas a la puesta en marcha de este servicio.
La vocal Margarita Uría ha indicado que el primer territorio donde se implantará serán las Islas Carnarias, aunque Burgos, Valladolid o La Rioja también han manifestado su interés por instalar esta vía de resolución de conflictos entre la Administración y los sujetos privados.
El proceso comienza cuando el juez de primera instancia propone a las partes recurrir a esta vía en los asuntos que sean susceptibles de mediación, entre los que Uría ha citado indemnizaciones por responsabilidad patrimonial o litigios entre Ayuntamientos o cabildos con comunidades.
Esta fórmula permitirá obtener una solución más rápida de la controversia o que su resolución sea más ágil en el juzgado en el caso de que no se alcance un acuerdo, según Uría.
El Consejo destaca la importancia de esta firma dado el incremento de asuntos experimentado en los últimos años en esta jurisdicción y las especiales características de la misma, tan estrechamente vinculadas con el control de la "buena administración".
La primera fase del convenio descansará en elaborar un documento base de trabajo que será sometido a un grupo de trabajo formado por abogados, magistrados, fiscales o profesores universitarios y que debatirá el modo de articularse la mediación, los litigios objeto de este proceso o los criterios para seleccionar, designar y cesar a los mediadores. El Grupo de Trabajo realizará también una valoración de los resultados obtenido.
